Cuestiones jurídicas y bioéticas entorno a la Muerte
Curso dictado por Dra. Teodora ZAMUDIO

Material editado para l@s alumn@s de la U.M.S.A.

 

Eutanasia

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gif34 Nota de descargo: Por respeto intelectual los trabajos presentados por los alumnos se reproducen antes de las correcciones

Alumna:  Romina P. Ocampo

 

Introducción

1.- Relación entre la inviolabilidad y calidad de la vida.

2.- Personas competentes para decidir la interrupción de las técnicas de soporte vital.

3.- El tema desde el punto de vista de los médicos:

Existe una obligación del médico de buscar el bien del paciente.

El temor a una demanda judicial

Conclusión

Bibliografía

 

 

Introducción:

En el presente trabajo me propongo abordar un tema tan complicado e interesante como es “la eutanasia”, sobre el cual ríos de tinta se han volcado sin llegar, no obstante, a posturas coincidentes al respecto.

Eutanasia es un término, que si bien en nuestra sociedad tiene una carga emotiva de tipo negativo, paradójicamente, deriva de las voces griegas eu (buena) y thanatos (muerte). Es decir, hace alusión a un bien morir, lo cual, desde mi punto de vista, se entiende como una muerte digna sin sufrimientos innecesarios y en las mejores condiciones que cada caso permita. 

Pese a lo mencionado, en nuestro sistema jurídico, dicha práctica se halla tipificada por el Código Penal bajo la figura del homicidio (art. 79) o instigación al suicidio (art. 83).

Cabe destacar que, dependiendo de las voluntades en juego, la eutanasia puede clasificarse en voluntaria e involuntaria.

La eutanasia voluntaria es aquella en la que el paciente acepta que se le suspendan los tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y/o solicita que se le suministren medicamentos que le produzcan la muerte. Este tipo de eutanasia se caracteriza porque el paciente presta su consentimiento para la acción (suministrar fármacos) o la omisión (suspensión de tratamientos o desconexión de aparatos), cuyo resultado esperado es el fin de su vida.

Por otra parte, la eutanasia involuntaria es aquella en la cual el paciente no presta su consentimiento para la muerte. En ella el fin de la vida se produce ya sea sin el consentimiento del paciente o bien contra su voluntad. En estos casos se habla de dar una "muerte piadosa". 

Ambas clases de eutanasia pueden a su vez sub-clasificarse en activa, positiva o directa y pasiva, inactiva o indirecta.

La eutanasia activa es aquella en la que existe una acción positiva tendiente a producir la muerte, como por ejemplo proporcionar una sobredosis de píldoras conciliadoras del sueño o suministrar una inyección de cloruro de potasio. 

La eutanasia pasiva inactiva o indirecta es la producida por la omisión de los tratamientos o medicamentos o terapias o alimentos que prolongan el proceso de morir.[i]

De entre los numerosos casos que constituyen el abanico de posibilidades fácticas en las que se puede dar la eutanasia, particularmente, el caso que me interesa tratar es el relativo a aquel paciente que se encuentra en estado vegetativo y es mantenido con vida únicamente merced a la asistencia que le brindan ciertas maniobras tales como la ventilación mecánica, técnicas de circulación asistida, oxigenación extracorpórea, etc.

Se ha definido al estado vegetativo persistente como aquella situación caracterizada por la pérdida de crónica e irreversible de todas las funciones cognitivas. Se incluye en esta categoría cualquier grado de coma que no reúne todos los criterios de muerte cerebral, sin interacción con el medio (aún cuando pueda parecer despierto), sin evidencia clínica de actividad cortical, pudiendo haber respuestas reflejas, apertura ocular espontánea y ciclos de sueño vigilia.[ii]

En estos casos no existen posibilidades terapéuticas, y solamente se mantiene al paciente con vida en forma artificial. Aquí, la persona no se encuentra en condiciones de tomar la decisión de interrumpir la aplicación de tales técnicas porque su estado de inconsciencia se lo impide.

 

1.- Relación entre la inviolabilidad y calidad de la vida.

Para una mejor comprensión de la situación en análisis, me parece conveniente tratar el derecho de las personas de vivir y morir de la manera que les plazca, lo cual se relaciona estrechamente con el principio de autonomía personal. Así podemos decir, como lo estableció un Tribunal anglosajón in re T (Adult: Refusal of Treatment), que “(…) El derecho del paciente a elegir existe ya sea que sus razones para hacer esa elección sean racionales, irracionales, desconocidas o incluso inexistentes”. Esto se sustenta en que no hay derecho más importante que el de cada individuo a estar en posesión y control de su propia persona, libre de toda  restricción o interferencia de otros. La dignidad humana sin este derecho estaría desprovista de contenido.

En definitiva, lo que se encuentra en juego es el derecho a la vida y a la calidad de vida que cada uno quiere para sí. Lo que ha de respetarse a ultranza es el derecho a la dignidad del ser humano.

En los últimos años, los avances tecnológicos que invadieron nuestra sociedad trajeron, junto con ellos, grandes modificaciones en las vidas de las personas.

Estos logros fueron muy importantes en el ámbito de la ciencia médica, a punto tal de que hoy en día podemos mantener con vida a una persona que, de otra manera, estaría muerta.

Lo mencionado requiere una lectura actualizada dado que la aparición de los respiradores artificiales y las modernas técnicas de reanimación cardiocirculatoria y metabólica, por ejemplo, produjeron  la creación de un nuevo nivel de estado de coma, el “coma depassé” o “coma sobrepasado”, en el cual el organismo humano, de hecho muerto ya, por la cesación total y definitiva del funcionamiento del sistema nervioso central, es artificialmente preservado de las consecuencias degenerativas de sus órganos, asegurándole la irrigación con sangre oxigenada, mantenida forzadamente en circulación. En este caso, la muerte cerebral no ocurre naturalmente, sino que la crean los médicos a partir de la tecnología terapéutica. Por ello, muchos pacientes en coma que hubieran muerto rápidamente en otros tiempos, pueden mantener ahora sus funciones cardiopulmonares por varias horas, días o semanas, permaneciendo en un coma agónico irrecuperable.[iii]

Pero no se trata sólo del caso de los pacientes que se encuentran en estado de coma. En una similar situación se hallan aquéllos que quedan en el denominado “estado vegetativo persistente” (E.V.P.), en los cuales las posibilidades de recuperar la independencia después de star vegetativo por tres meses, son muy escasas.[iv]

En este caso, el paciente tiene reflejos, respira por sí mismo, pero no hay evidencia de una mente que funcione[v].

Este tipo de paciente es mantenido con vida únicamente por la alimentación a través de una sonda o alimentación parenteral. Se trata del caso de la llamada “muerte neocortical”. Tal fue lo sucedido, entre otros, en el caso de Nancy Cruzan o Karen Anne Quinlan.

Me propongo abordar en el presente trabajo si es efectivo desde el punto de vista económico y ante la escasez de recursos, mantener con vida artificialmente a una persona en esas condiciones o si, por el contrario, dado el gran gasto que ello implica, debiera ser despenalizado el ejercicio de la eutanasia en tal situación. Y en su caso, me propongo analizar, también, a quién le corresponde tomar esta decisión fundamental para la vida del paciente, y qué rol debe asumir el profesional de la medicina ante esta circunstancia.

Actualmente, diez mil personas son mantenidas con vida en Estados Unidos en estado vegetativo persistente. Esta situación implica una gran inversión de dinero en orden a mantener viva a tal persona.

Me fue imposible llegar a determinar cuál es el monto exacto necesario para conservar la vida de estas personas. Podemos decir, sin embargo, que ello implica ocupar una cama en una institución, los gastos que conlleva aplicar y mantener la sonda nasal, el suero que se aplica como sustituto de la alimentación e hidratación, los gastos de enfermería (ya sea por la remuneración de las enfermeras en sí, como por los elementos de enfermería necesarios) y los doctores y demás profesionales que diariamente controlan y asisten al paciente.

¿Se justifican todos estos gastos en una persona cuyas posibilidades de vida independiente son nulas; cuando todo tratamiento es futil, ya que nunca se alcanzará el objetivo de sanarlo?

Debemos tener en cuenta que toda institución de salud, ya sea privada u oficial, tiene sus recursos limitados[vi].

Los recursos disponibles son un punto importante a tener en cuenta a la hora de aplicar un determinado tratamiento. Me parece que no es justo para la sociedad en su conjunto gastar enormes cantidades de dinero diariamente en técnicas de soporte vital para mantener con vida a una persona sin esperanzas de recuperación, cuando hay muchas más personas con enfermedades con más posibilidades de recuperación, las cuales no pueden ser sometidas al tratamiento correspondiente por insuficiencia de recursos económicos.

Es un hecho público y notorio que los hospitales muchas veces no cuentan con los elementos y medicamentos básicos necesarios para cumplir acabadamente con sus funciones. Encuentro, entonces, una contradicción en que el Estado gaste grandes cantidades de dinero en mantener con vida a una persona en estos casos “terminales”, por no decir “terminados”, y a su vez, carezca, por ejemplo, de una gasa para curar una simple herida.

En mi opinión, tales recursos escasos y limitados, estarían mejor invertidos en aquellos pacientes quienes, gracias a un tratamiento, podrían llegar a sanarse. Y no me refiero a aquellos pacientes con una alta posibilidad de curación. Mientras tal paciente tenga una mínima esperanza de vida, debe serle aplicado el tratamiento necesario con cierta “preferencia” con relación a quien se encuentra en estado vegetativo. Es decir, en la asignación de recursos, creo que sería más justo invertirlos en el primer tipo de pacientes, en lugar de aplicar tratamientos excesivamente onerosos y fútiles a pacientes en estado vegetativo sin posibilidades de sanación.

Esto debe tenerse en cuenta muy especialmente en países como el nuestro, donde los recursos son muy escasos y notoriamente inferiores a las necesidades por satisfacer.

Me permito una pequeña cuota de valoración y opino que, en países subdesarrollados, resultaría más efectivo invertir los recursos mayormente en prevención que en curación de las enfermedades.

Debemos  considerar, asimismo, los recursos económicos con los que cuenta la familia del paciente, ya que muchas veces se les torna insostenible mantenerlo con vida artificialmente gracias a la nutrición parenteral e hidratación. Estas personas pueden llegar a sacrificar bienes importantes, tales como la vivienda o educación de sus hijos, en aras de mantener con vida a una persona que se sabe, a ciencia cierta, no se sanará.

En virtud de las consideraciones expuestas, creo que la legislación de nuestro país debería permitir la desconexión de las técnicas de soporte vital, ante la imposibilidad de recuperación de un paciente en estado vegetativo persistente. De lo contrario, tendríamos a una persona inmovilizada durante años, invirtiéndose grandes cantidades de recursos en ella, sin posibilidades ciertas de recuperación, privándose así a otros personas de los medios necesarios para tratar sus afecciones, así como del tiempo y dedicación que podrían prestarle médicos y enfermeras. Esto fue lo que sucedió en Estados Unidos, en el caso de Nancy Cruzan, quien fue mantenida con vida durante siete años en estado vegetativo persistente mediante nutrición parenteral e hidratación antes de que la Corte Suprema permitiera su desconexión. 

Ahora bien, el problema que se advierte es el relativo a determinar, en casos de imposibilidad de decisión por parte del propio paciente, quién o quiénes se encontrarían en condiciones de optar entre la continuación o no de la aplicación de estas técnicas, las cuales no proporcionan posibilidad alguna de curación ni mejoría y sólo sirven para mantener formalmente viva a una persona materialmente muerta.

 

2.- Personas competentes para decidir la interrupción de las técnicas de soporte vital.

Previo a determinar los sujetos competentes para interrumpirlas, es conveniente aclarar que según lo define el Hasting Center, se entiende por soporte vital: "toda intervención médica, técnica, procedimiento o medicación que se administra a un paciente para retrasar el momento de la muerte, esté o no dicho tratamiento dirigido hacia la enfermedad de base o a proceso biológico causal". Esta definición, que goza de aceptación unánime, incluye maniobras tales como la ventilación mecánica, técnicas de circulación asistida, diálisis, marcapasos, oxigenación extracorpórea, tratamiento farmacológico con drogas vasoactivas, antibióticos, diuréticos, citostéticos, derivados sanguíneos, nutrición enteral y parenteral e hidratación.[vii]

En este marco, teniendo en cuenta la existencia de las mencionadas técnicas que posibilitan mantener por tiempo, a veces indefinido, con vida a personas que sin ellas fallecerían al instante, creo que, así como alguien en su sano juicio puede adoptar sus propias decisiones (pues la vida puede ser, en su caso, peor que la propia muerte), y debe respetarse el carácter subjetivo que tal elección reviste, en la situación de los enfermos incapaces físicamente de decidir por sí la continuación de su vida, debe haber también alguien competente para decidir en su lugar.

Al respecto, el “Proyecto de ley de los derechos de los enfermos terminales”[viii], que nunca llegó a ser sancionado, establece en el art 1 in fine del Dictamen de la Mayoría que cuando se tratare de incapaces o personas imposibilitadas para prestar su consentimiento, se habilitará la vía judicial para que en el término perentorio de 72 horas verifique o determine la representación legal del enfermo a este sólo efecto, siendo quien revista tal carácter quien podrá asumir la decisión de oponerse de acuerdo a lo prescripto en el primer párrafo del presente artículo. Por su parte, el artículo 7 del Dictamen de la Minoría establece que cuando se tratase de una persona (...) que no esté consciente o en pleno uso de sus facultades mentales causa de la enfermedad que padezca o del accidente que haya sufrido, la información a que se refiere el art. 1 de la presente ley le será brindada si así lo solicitaren, (...) al cónyuge, descendiente, ascendiente, o a los parientes consanguíneos hasta el segundo grado incluido de la persona (...) quienes podrán oponerse a la aplicación de las posibles alternativas de tratamientos clínicos y/o quirúrgicos. En tal caso, quedará habilitada la instancia judicial en la que el juez escuchará a las partes, recibirá asistencia técnico profesional y se pronunciará dentro de las 72 horas de promovida la presentación”.

Como se puede apreciar, ambos dictámenes ofrecen soluciones diferentes. En efecto, el primero delega la toma de decisión final en el representante legal, interviniendo el juez al sólo efecto de constatar la representación del paciente, mientras que el de la minoría, si bien a instancia de los familiares, somete la decisión al juez, quien asume en este caso un rol más determinante.

Debemos destacar que el orden que establece el dictamen de la minoría respecto de los familiares que estarían autorizados para darle intervención al juez es similar al establecido por la ley de transplante de órganos en su art. 21 y me parece que, si bien el dictamen de la mayoría no hace una alusión expresa, debería seguir el mismo orden.

Con anterioridad a la existencia de este proyecto, el Comité de Bioética del Hospital Dr. José Penna[ix] se había pronunciado en el sentido de que la decisión acerca de quién debe hacerse cargo de la vida y de la muerte (en el caso, de un bebé), corresponde a sus familiares.

Asimismo, se estableció que, en caso de imposibilidad de hallar o lograr comunicarse con sus familiares, se deberá recurrir a la justicia para que se haga cargo de la decisión o nombre un representante legal.

Cabe enfatizar que el dictamen expresamente establece que “de ningún modo la decisión debe ser tomada por los profesionales”

Esta solución es diametralmente opuesta a la adoptada por la justicia anglosajona. En efecto, en el caso de Ms. B, la Suprema Corte de Justicia, División Familia, de Gran Bretaña estableció que, como principio, existe una presunción de capacidad (o competencia) para tomar la decisión de negarse al sometimiento de un determinado tratamiento. Pero si existe alguna duda acerca de la capacidad mental del paciente, dicha duda debe ser resuelta lo más rápido posible por los médicos.

Si bien esta solución parece bastante práctica, ya que es el médico quien se encuentra en mejores condiciones para pronosticar el futuro del paciente, en el sentido de las posibilidades que posee para curarse o no, no podemos reducir la vida de tal paciente a una mera existencia biológica, ya que el pronóstico médico no es lo único a tener en cuenta al momento de tomar tal decisión. En efecto, hay ciertas consideraciones importantes en orden a decidir la no conexión, o desconexión de un artefacto, tales como las convicciones personales del paciente, su religión, sus valores, etc., ya que, según tales consideraciones, la forma de enfrentar la  vida, la muerte, el dolor, etc., puede ser radicalmente diferentes.

En mi opinión, los primeros a consultar deberían ser los familiares más cercanos, ya que ellos se encuentran tan involucrados con la decisión como el propio paciente, ya que su vida se verá completamente alterada por el hecho de que se tome una u otra decisión. Es importante que sean éstos quienes tomen la decisión, ya que, probablemente sean los únicos capacitados para ello. En efecto, son quienes conocen en profundidad los valores, ideales y demás de su familiar e, incluso, algunas veces, su última voluntad previo ingresar al estado vegetativo. Obviamente, no sólo con ello alcanza, sino que además deben poder decidir conociendo plenamente el aspecto médico de la situación, el cual debe serles proporcionado por el médico para que así puedan tomar la decisión a partir de un consentimiento informado (tema que no se analizará en el presente trabajo por exceder los propósitos del mismo). Así, en mi forma de ver, se logra evitar que la desconexión esté movida por un único propósito, ya sea afectivo o científico. Pienso que la mejor decisión es la que se daría en casos donde todos los aspectos sean tenidos en cuenta, y para ello es obviamente, necesaria la intervención de diferentes partes que lleguen a una decisión consensuada o ayuden al familiar a decidir, pero una vez que ha conocido todas las aristas que el tema presenta. Es así que propicio que, en estos casos, deba haber intervención, primero y fundamental, de los familiares, pero también del médico así como de un comité de Bioética.

 Ahora bien, en el caso de que estos familiares no existan, o su localización resulte imposible, me parece que se debería lograr una decisión consensuada, entre el equipo médico que atienda al paciente, el juez competente (quien suple la función de los familiares) y un Comité de Bioética. Si bien no podemos estar seguros de que la autonomía del paciente será respetada en un cien por cien, por lo menos habrá más personas involucradas, por lo cual podemos suponer que sus intereses serán mejor resguardados. El intercambio y la discusión en esta área es crucial entre quienes deben decidir. Como ocurre frecuentemente con los problemas éticos, es más probable que se equivoque un individuo que un grupo de personas trabajando en conjunto por el bien del paciente.

Creo, sin embargo, que la situación analizada en el presente trabajo encontraría una solución más simple en el caso de que el paciente confeccionara un “testamento vital” o “directivas anticipadas”.

El testamento vital es un documento en el cual el interesado expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le haya llevado a un estado que le impida expresarse por sí mismo. Puede realizar su propio testamento vital personalizado con las indicaciones y razonamientos que considere pertinentes.[x]

Con respecto a la situación legal, debemos destacar que si bien no cuentan con apoyo legal específico en el sistema jurídico, tienen validez como toda declaración unilateral de voluntad. Creo que, pese a ello, en la práctica, la existencia de estos instrumentos facilitaría enormemente las decisiones de quienes rodean al paciente, dado que dispondrían de un marco de referencia para saber cuál sería la decisión del mismo (si pudiera decidir) y, de esta manera, respetar así su autonomía. Inclusive aceleraría la toma de decisiones en los casos en que intervenga la Justicia dado que la misma tendría tanto una valla infranqueable, como una pauta a seguir, cual es la prueba de la voluntad inequívoca del paciente.

 

3.- El tema desde el punto de vista de los médicos:

Si hay un rol que resulta trascendente en el caso bajo análisis es el del médico, quien al ser el asistente del enfermo en el paso de la vida a la muerte, se ve muchas veces en el dilema de continuar o no un tratamiento que resulta a todas luces fútil. El término “futilidad”, que deriva del latín futilis, que significa vano o inútil, designa un tratamiento del que, razonablemente, no puede esperarse que alcance sus objetivos fisiológicos. En efecto, se trata aquí de tratamientos que no ofrecen esperanza razonable de beneficio al enfermo, sino que suponen una carga para el mismo, y su entorno, retrasando la muerte inevitable y prolongando una vana agonía.[xi]

En efecto, en estos casos hay diferentes cuestiones por analizar:

Existe una obligación del médico de buscar el bien del paciente.

Sin embargo es importante marcar a qué se alude con “bien del paciente”. Esto es lo que trataré de dilucidar en los próximos renglones.

El deber del médico es acompañar a su paciente hasta las últimas consecuencias, independientemente de que sus objetivos, en un primer momento, se dirijan a curar o mantener la vida y, luego, una vez reconocida la futilidad de los tratamientos, a maximizar el confort en el propio enfermo e incluso en sus allegados. Aquí el médico juega un rol de acompañante y hasta puede cumplir, muchas veces, la función de una suerte de “placebo”, dado que su sola presencia ayudará al enfermo en su tránsito a la muerte, quien se sentirá apoyado y acompañado. Su función como se ha dicho muchas veces es curar algunas veces, aliviar con frecuencia y confortar siempre. Se ha dicho que “no todo lo que se puede hacer en medicina se debe hacer” [xii] Así, su responsabilidad no atañe sólo al vivir sino también al morir. La lucha del médico contra la muerte debe reconocer un límite. No es necesario que se llene de soberbia y se empecine en prolongar algo que, virtualmente, ha terminado. La medicina no puede aspirar a hacer inmortal al hombre, quien tiene derecho a morir dignamente y de la mejor manera posible.

El médico, a la hora de decidir prolongar la continuidad de una vida en estas circunstancias, debe considerar que el tratamiento a llevar a cabo para esa sobrevivencia no se haga en condiciones infrahumanas. En este sentido, hay muchos casos en que el médico puede lograr que el paciente sobreviva milagrosamente y se mantenga en estado vegetativo o similar. Ésto, si bien puede ser admirable desde el punto de vista estrictamente científico, es dudoso que merezca el mismo calificativo desde otros puntos de vista. En efecto, en casos como el de Karen Quinlan, se puede observar un encarnizamiento terapéutico, que transforma quizás inintencional-mente, a la persona en un medio para el avance de la medicina, y no en un fin en sí mismo como debe serlo. Me pregunto, ¿se puede sostener que Karen Quinlan en el estado que se la mantuvo con vida durante nueve largos años pudo o no ser ella misma? Creo que la respuesta es innecesaria. Es más, podría, sin temor a equivocarme, afirmar que en casos como éste el actuar médico vulnera el principio de no maleficencia.

En conclusión, debemos afirmar que el papel de los médicos de buscar el bien de su paciente debe entenderse dentro de un marco de dignidad y decoro en la continuidad de la vida del enfermo y no simplemente en la prolongación de una vida vacía de contenido, y por el simple hecho de desafiar lo inevitable. Creo que el médico en ciertos momentos, en lugar de jugar a ser Dios, debe ceder con humildad y grandeza ante otro colega, la muerte, quien alivia todo sufrimiento y, quizás, hace entrar en la felicidad eterna.

El temor a una demanda judicial.

Un aspecto que hace que los médicos no renuncien nunca en la lucha contra lo inevitable es el temor de verse sometidos ante una demanda judicial por mala praxis. Dicho temor es real, ya que no existen en nuestro país normas que avalen la actitud contraria del profesional en estos casos. Al respecto, creo que si mantenemos la postura esbozada a lo largo del presente trabajo es necesario buscar la forma de “des-responsabilizar” a los médicos cuando asumen la actitud que se propugna en el punto (i), cediendo ante la muerte inevitable y ayudando al paciente a transponer dignamente el umbral de la vida. Una forma de poder exonerarlos de responsabilidad sería encontrar un procedimiento consensuado  en el que, luego de un diagnóstico confirmado de patología terminal, tanto los médicos, como los familiares, la justicia e, incluso, un Comité de Bioética, lleguen a la decisión ayudar al enfermo a alcanzar una muerte digna como es su derecho, dejando de lado tratamientos vanos que prolongan inútilmente una vida ya extinta con graves sufrimientos y perturbaciones para el enfermo, la familia y la sociedad misma.

                De hecho, cabe destacar que “un juez en lo criminal y un médico paliativista han dicho que “la interrupción de medios artificiales de sostén vital en casos de un estado vegetativo persisitente, previo dictamen de una junta médica y/o Comité de Etica, en diálogo con familiares directos del paciente resulta inobjetable” ante la inexistencia de toda posibilidad de recuparación”[xiii]

 

Conclusión.

Luego de analizar el material recabado, arribé a la conclusión de que no resulta eficiente mantener con vida a través de la nutrición parenteral e hidratación a aquellos pacientes en estado vegetativo. Considero que es más justo invertir los recursos que se utilizarían a tales fines para sanar o intentar hacerlo respecto a otros pacientes con mayores posibilidades de sobrevivencia. En virtud de ello, estimo que la legislación, para casos como el analizado en el presente trabajo, debería prever la posibilidad de practicar la eutanasia, mediante la desconexión de las técnicas de soporte vital. Asimismo, debería regular con qué consentimiento se debe contar para realizar dicha práctica. Pero no sólo ello, creo que también debería rodearse al médico interviniente de las garantías necesarias para llevar a cabo dichas tareas, lo cual está lejos de lograrse mientras la figura de la eutanasia siga siendo penalizada. En efecto, mucho se podrá justificar la eutanasia desde el punto de vista moral, económico y demás, pero lo cierto es que mientras la misma constituya un delito penal, ningún paciente que padezca los males que, según lo analizado en este trabajo, piden “a gritos” la implementación de la  “muerte piadosa”, contará con la ayuda necesaria para transponer dignamente el umbral de la vida hacia la paz eterna.

Adviértase que en estos casos, la vida del enfermo está desprovista de toda dignidad posible y se circunscribe a días, meses e incluso años, ligados a artefactos que le posibilitan la supervivencia. Pero, ¿a qué costo? Creo que muchas veces se torna excesivo el sacrificio al que se somete a estas personas para mantener encendida una vida que “ya se apagó”, quizás por ensañamiento médico, egoísmo o esperanzas infundadas. Me pregunto: ¿Qué es mejor: vivir inconsciente, padeciendo, sin chances de mejoría una vida que no es tal o alcanzar una muerte, que muchas veces es más digna que la propia vida? Es más, hay quienes afirman que la muerte no es la antítesis del derecho a la vida, sino su corolario, ya que una defensa a ultranza de la inviolabilidad de la vida humana puede llevarnos a situaciones extremas y éticamente insostenibles, en las que se pide fidelidad a una existencia física meramente biológica que implica esfuerzos financieros y técnicos de gran envergadura, pero lesiona, más que beneficia, los intereses del propio paciente.[xiv] Me pregunto, ¿qué razones tienen los terceros para interferir un proceso inevitable, como lo es la muerte de la persona en estos casos, más cuando ni siquiera se sabe qué es lo que le aguarda con posterioridad a la muerte?


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NOTAS:

[i] Medina, Graciela y Winograd, Carolina. “El valor de la autonomía de la voluntad ante la decisión de la muerte: El caso de Ms. B.”

[ii]  Recomendaciones para la toma de decisiones terapéuticas en pacientes gravemente enfermos.

[iii] La Salvia, Iris Edith. "Sobre el Dolor, la Muerte y la Dignidad" (Una reflexión acerca de las instancias finales y los principios primigenios en la vida del ser humano).

[iv] Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el Estado Vegetativo Persistente, adoptada por la 41ª Asamblea Médica Mundial Hong Kong, septiembre 1989.

[v]  Airedale N.H.S. Trust –v- Bland, Family Division Court, November 19th, 1992

[vi] Gutiérrez Jaramillo, Javier. “Reflexiones sobre las órdenes de no revivir (reanimar, resucitar) y suspender todo tratamiento”.

[vii] Brussino, Silvia. “Limitaciones de medidas de soporte vital en terapia intensiva. Consideraciones bioéticas”.

[viii]  Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación. Sesiones Ordinarias 1.996, orden del día N° 1.931.

[ix] Desconexión de respirador. Autorización para muerte de niños. Comité de ética asistencial del Área de Bioética del Hospital Interzonal Gral. de Agudos “Dr. José Pena” de Bahía Blanca, Septiembre de 1992.

[x] Cruz Prada, Pedro Arturo. “Algunas consideraciones entorno al derecho a la vida y la eutanasia”.

[xi] Butera, Juan Miguel. “Futilidad médica. Conceptos y problemas”.

[xii] Op. Cit ii

[xiii] Blanco, Luis Guillermo “Muerte Digna. Consideraciones bioético-jurídicas” pp 84

[xiv] Cecchetto, Sergio. “Deontologismo y teleología en el capítulo final de la vida humana”. 

BIBLIOGRAFIA.

I.-  Doctrina:

·        Alfhabe, María; Cardigni, Gustavo; Vasallo, Juan Carlos; Codermatz, Marcela; Orsi, Celia y Saporiti, Adrián. “Consenso sobre recomendaciones acerca de la limitación del soporte vital en terapia intensiva”.

http://www.sap.org.ar

·        Alvarez, Fernando. Presidente de la Fundación Alfredo Thomson (para el desarrollo de las neurociencias). Carta de lectores. Página 12. 26 de Octubre de 2.000.

http://www.página12.com.ar/2000/suple/futuro/00-11-4/contra.htm

·        Blanco, Luis Guillermo. “Bioética: Cuestiones Abiertas. Inicio, desarrollo y fin de la vida humana”. Ob. colectiva; coordinadora: Dolores Loyarte; Editorial Eledé, Buenos Aires, 1996; comentada por Luis Guillermo Blanco

·        Blanco, Luis Guillermo. “Muerte digna. Consideraciones Bioético-jurídicas”. 1.997. Editorial Ad-Hoc, Capítulos I, II y VII.

·        Brussino, Silvia. “Limitaciones de medidas de soporte vital en terapia intensiva. Consideraciones bioéticas”

http://cuadernos.bioetica.org/resenas8.htm

·        Butera, Juan Miguel. “Futilidad médica. Conceptos y problemas”.

http://www.hospitalitaliano.org.ar/espanol/docencia/nexo/18_2/futilidad.html

·        Cantarell G. “Estados vegetativos persistentes”.

http://www.secpal.com/revista/resumen_ponencias/resumen_ponencias_41.htm

·        Cecchetto, Sergio. “Deontologismo y teleología en el capítulo final de la vida humana”. 

http://cuadernos.bioetica.org/doctrina12.htm

·        Clowes, Bryan, Ph. D. (Director del Instituto de Capacitación para la defensa de la vida y la Familia de Human Life International) “La eutanasia y el suicidio asistido también están mal desde el punto de vista secular”

http://www.vidahumana.org/vidafam/eutanasia/secular.html

·        Cruz Prada, Pedro Arturo. “Algunas consideraciones en torno al derecho a la vida y la eutanasia”.

http://www.psicologiacientifica.com/articulos/ar-cruzpra01.htm

·        Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el Estado Vegetativo Persistente, adoptada pr la 41ª Asamblea Médica Mundial Hong Kong, septiembre 1989

http://www.wma.net/s/policy/17-v-s.html

·        Farrell, Martín D. “La justificación de la pena en los casos de eutanasia: un análisis ético”. 

·        Gheraldi, Carlos R., “La muerte intervenida, Soporte vital, Abstensión y retiro en el paciente crítico”, Cuadernos de Bioética y Derecho. Cuestiones Actuales.

·        Gutierrez Jaramillo, Javier. “Reflexiones sobre las órdenes de no revivir (reanimar, resucitar) y suspender todo tratamiento”.

http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol27No2/reflexiones.html

·        Gutierrez Jaramillo, Javier. “Eutanasia activa en pacientes terminales”. Colombia Médica, 1.997, 28:157-60”.

·        Jayo, Silvia. “Eutanasia: El derecho a la muerte y el derecho a la vida”.

http://www.po.org.ar/po/po613/eutanasi.htm

·        La Salvia, Iris Edith. "Sobre el Dolor, la Muerte y la Dignidad" (Una reflexión acerca de las instancias finales y los principios primigenios en la vida del ser humano).

·        Léxico de bioética. Universidad de Navarra. Departamento de Humanidades Biomédicas.  

http://unav.es/cdbdhlexico005039.html

·        Martínez Bouquet, Carlos M. “La nueva tanatología”. (A propósito de las Primeras y Segundas Jornadas Argentinas y Latinoamericanas de Tanatología y Prevención del Suicidio).

http://www.caramuto.com.ar/tanatolo.htm

·        Medina, Graciela y Winograd, Carolina. “ El valor de la autonomía de la voluntad ante la decisión de la muerte: El caso de Ms. B.”

http://www.argentinajuridica.com/RF/resumen_10_02.htm

·      Recomendaciones para la toma de decisiones terapéuticas en pacientes gravemente enfermos.

http:/www.sap.org.ar

·        Sorokin, Patricia, “Aproximación conceptual a cuestiones humanas. “Todos Somos Terminales”, Cuadernos de Bioética.

http://cuadernos.bioetica.org/comentarios4.htm

 

II.- Jurisprudencia:

·        Airedale N.H.S. Trust –v- Bland, Family Division Court, November 19th, 1992.(Reference: 1993 2  WLR 316).

·        Committee of the House of Lords (Anthony Bland´s Case).

·        Desconexión de respirador. Autorización para muerte de niños. Comité de ética asistencial del Area de Bioética del Hospital Interzonal Gral de Agudos “Dr. José Pena” de Bahia Blanca, Septiembre de 1992.

·        Ms. B vs. NHS Hospital Trust, March 22th, 2.002. High Court of Justice of London.

·        Paul W. Armstrong´s talk. (Karen Anne Quinlan´s attorney). 1.979.

·        The case of  Nancy Cruzan. Cruzan, by her parents and co-guardians v. The Director, Missouri Department of Health, Supreme Court of The United States”, 497 U.S. 261, June 25th, 1.990.

 

III.- Legislación:

·        Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, Sesiones Ordinarias 1.996, Orden del día Nº 931. Impreso el día 23 de octubre de 1.996, págs. 3.961 y ss.

http://cuadernos.bioetica.org/leyproy.htm

·        Código Penal de la República Argentina.

·        Código Penal Español.

·        Ley 24.193. Ley de Transplantes de órganos y materiales anatómicos.

·        Proyecto de Ley de Régimen de los derechos de los enfermos terminales. (1.996).