Cuestiones jurídicas y bioéticas entorno a la Muerte
Curso dictado por Dra. Teodora ZAMUDIO

Material editado para l@s alumn@s de la U.M.S.A.

 

Suicidio asisitido

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gif34 Nota de descargo: Por respeto intelectual los trabajos presentados por los alumnos se reproducen antes de las correcciones

Alumna: Daniela Laura Argiz

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Planteo del Problema

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Objetivos

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Hipótesis

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Bases para un desarrollo:

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Evolución  histórica

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El término de la vida humana

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Perspectiva Legal:

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Derecho a una vida con dignidad

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El derecho a la intimidad: su relación con la dignidad de la persona

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La eutanasia como homicidio

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Perspectiva Bioética:

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Consentimiento informado: concepto, caracteres.

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Bibliografía de consulta:

 

 

Planteo del Problema:

Cierto es que en los últimos tiempos el avance de la medicina ha sobrepasado fronteras que hace siglos atrás no hubiéramos podido imaginar: así por ejemplo el desarrollo y el estudio del genoma humano, el conocimiento de enfermedades hereditarias y su posible extirpación, la prolongación de la vida humana sobre la base de soportes vitales. No obstante lo que hay que advertir, es que todo éste impulso alcanzado por la medicina y la tecnología, y de los avances científicos logrados se encuentran íntimamente ligados y relacionados con la persona humana. Cabe aquí un interrogante ¿Debe ser la persona humana considerada como un medio para alcanzar un  fin, o debemos entenderla como un fin en sí misma? Sin duda alguna nos inclinamos por la segunda, por cuanto la persona nace, vive, y vislumbra sus últimos momentos según su propio destino, según sus más íntimas convicciones personales, de aquello que entiende por el sentido de su vida. Todo ello tiene que ver con el hecho de indagarnos acerca de nuestra propia existencia, acerca de cual es o sería nuestro destino en el mundo.

Así, el sentido de la vida humana guarda inexorablemente una estrecha relación con el fin último del hombre, y se entiende que la vida se manifiesta en la dignidad de la persona; entendiendo por ésta última como el derecho a que se nos reconozca como un ser que es un fin en sí mismo, y no como un medio de otros; es el “ser auto conciente de la propia conciencia, de manera tal que su libertad decida o no optar o no por lo que cree que debe”. De ello se desprende el hecho que a nadie le sea permitido imponer a otra persona un fin distinto al que ella a elegido, y que asimismo el ejercicio de dicha libertad se manifiesta en el poder elegir el propio fin que desea alcanzar.

Cabe recordar, dentro de éste contexto las palabras de Santo Tomás de Aquino a su decir: “El hombre es imagen de Dios en cuanto es principio de sus obras por estar dotado de libre albedrío y dominio sobre sus actos”.

Precisamente, por estar dotado de entendimiento y voluntad, la persona humana es un ser libre, capaz de sentir necesidades morales y espirituales y de poder satisfacerlas; el hombre es capaz de auto conocerse y autodeterminarse”.

Pero concretamente, refiriéndonos al ejercicio de la medicina, debemos advertir que cuanto mayor sea la dignidad con la cual el médico lleva a cabo su profesión, se obtendrá una práctica más optima y más humana, conducta con la cual nos beneficiamos todos los miembros de una comunidad.

Dicho esto, se quiere hacer notar que en la práctica médica no siempre se colabora con la satisfacción de los deberes primordiales como ser el respeto y la dignidad humana.

Sin más cabe hacer un poco de historia y recordar que muchas veces el hombre inspirado en sus propios sentimientos de egoísmo y ambición se ha valido sus propios pares para utilizarlos como medio para la obtención de algún fin, para la obtención de ventajas individuales y no precisamente en beneficio de la humanidad.

El problema es pensar hasta que punto se puede disponer de la vida humana ¿ Existen límites? Existe un respeto?

Con ello, no cabe duda el por qué del cambio del modelo “paternalista” de la medicina, en el cual el médico tomaba sus propias decisiones sin el debido diálogo con el paciente y con la ausencia de su consentimiento; del por qué del nacimiento de una legislación tendiente a evitar todas aquellas consecuencias ( Je: Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki, Carta de los Derechos de los Pacientes), del por qué la imposición de determinados deberes y principalmente el respeto que debe otorgarse a la autonomía del paciente.

De manera tal que se vislumbra ya en éstos tiempos el reconocimiento de la autonomía del paciente, como el derecho de decidir libremente y sin coerción de acuerdo a sus valores, creencias o idiosincrasias de acuerdo a las implicancias de los problemas de su salud. Ello tiene sin lugar a dudas relación con el consentimiento informado al paciente, dándole de ésta manera las condiciones necesarias para que la persona pueda comprender el estado de su salud y ser competente para decidir  sobre los procedimientos a seguir.

Cabe dentro de éste contexto, realizar un breve análisis del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, y dar por sentado que el derecho a decidir sobre el destino final de nuestra vida es un acto privado e indelegable y fuera del ámbito de reproches por parte de las autoridades y de la sociedad.

Ahora bien, también nos preguntamos si existe en nuestra legislación alguna prohibición respecto a la eutanasia voluntaria: si bien nuestro Código Penal tiene por objeto, entre otros proteger el bien jurídico “vida”, no encontramos en ninguno de sus títulos a la “eutanasia”, sino homicidio con todos sus agravantes o el suicidio.

Respecto de éste último será necesario  decir que el primero consiste en quitarse violenta y voluntariamente la vida, es un hecho ideado, decidido y ejecutado de mano propia por quien atenta contra su vida, el segundo se refiere a la anticipación intencional de la muerte de otro, en su exclusivo interés y ante su inmediato deceso.

Corresponde también recordar que para que una conducta pueda configurarse como delito, de acuerdo a la teoría del Delito, la misma debe ser típica antijurídica y culpable. Así una acción será típica cuando esta acción se encuentre prohibida por la norma, es decir, cuando se subsume bajo el tipo penal; será antijurídica cuando la acción típica cuando no se encuentre justificada (tiene que ver con las causas de legítima defensa, ver art.34 inc.6º Código Penal); y por último dicha conducta será culpable cuando el autor sea responsable de la misma.

Asimismo también hay que advertir que en materia penal no se aplica el principio de analogía (art.2º Código Procesal de la Nación); de modo tal aún cuando se pretenda aplicar las mismas penas de determinados delitos (como ser el homicidio o suicidio) a conductas que no se encuentren tipificadas estaríamos burlando al sistema: lo que se evidencia aquí es pues un “vacío legal”, y en cuanto tal y en respaldo a la garantía del artículo 19  “toda conducta que no se encuentre prohibida está permitida”, de donde surge que no existe pues una prohibición legal para realizar tales conductas; sino lo que se observa son cuestiones ideológicas, religiosas, políticas, llenas de prejuicios.

Pero por sobre todo no debemos olvidar la delicadeza con la cual necesariamente debemos abordar éstos temas, dado que por sobre todo estamos hablando de personas, en donde también pueden llegar a darse situaciones de exceso y de abuso: no podemos permitir que con el pretexto de realizar la voluntad última de la persona, en realidad lo que se encubre es la no prolongación de la vida, puesto que ello implica un mayor costo para el Estado o en su caso de las instituciones privadas.

Por ello es adecuado tratar con prudencia  éstas situaciones pero no ignorarlas.

Por lo cual se evidencia como imprescindible normas adecuadas de control en lo que respecta a las tomas de decisiones en éste ámbito, con el objeto de corroborar la existencia de una voluntad plena y del conocimiento de las consecuencias que acarrea tal decisión.

Se propone pues, el actuar de un equipo médico en conjunto que evalúe la decisión del paciente  y con ello quede resguardada la voluntad del mismo.

También debemos advertir otro problema, el cual es la objeción de conciencia del profesional al cual se le requiere dicha intervención; con ello se quiere hacer notar que la reglamentación debe prever tal supuesto y en su caso disponer  del reemplazo del objetor; resguardando de ésta manera no sólo la voluntad de la persona  sino también la del profesional.

En éste mismo orden de ideas, lo que se quiere hacer notar es que nuestro Estado democrático del cual tenemos la dicha de disfrutar, debe reprimir las futilidades, la prolongación de la vida cuando ya no tiene una vuelta atrás y más aún cuando es la misma persona que en pleno uso de sus facultades mentales lo está solicitando; así como también debe ser una obligación del estado  consagrar de una manera expresa y sin dejar entrar lugar a dudas al derecho de morir con dignidad y con todo aquello que  ello implica.

Uno de los objetivos básicos, debe ser entonces que los avances científicos sean utilizados para una mejor calidad de vida y de muerte, de modo tal que el fin último o mejor dicho el principio primero es el de humanizar la muerte y no ignorarla, así como tampoco menoscabar la importancia que ella conlleva.

 

Objetivos:

ü       Determinar si la aplicación del Principio de Autonomía resulta ser la forma más adecuada para legalizar la eutanasia voluntaria;

ü       Determinar su viabilidad y aplicación en la legislación argentina;

ü       Desmembrar con ello las ventajas, o en su caso los posibles perjuicios.

 

 

 

Hipótesis:

 

 La opción por la eutanasia voluntaria es una elección que se corresponde con la autonomía individual del paciente. Esta autonomía debe respetada por el Estado y por los particulares.

Cabe advertir que si el Estado no atiende sus obligaciones y funciones básicas no existe razón alguna por la cual una persona deba rendir cuentas por sus decisiones personales.

Por otra parte, cada persona  decide y elige su “plan de vida”, así como también elegir su destino final: más aún cuando la calidad de vida se haya en tela de juicio. Además si se requiere dar autorización para la realización de determinados tratamientos quirúrgicos tendientes a prolongar la vida de una persona con una dudosa calidad, no se ve porque razón no se podría otorgar autorización para terminar con una vida de sufrimiento.

 

Bases para un desarrollo:

Evolución  histórica:

Cierto es que determinado derecho es valorado y jerarquizado de determinada manera de acuerdo a el contexto social, cultural y económico de cada región, pueblo o país en un determinado momento. Pues bien, podemos decir que en la antigüedad pagana como un precedente de la eutanasia, el hecho de que algunos ancianos y enfermos eran abandonados en el camino por las poblaciones nómades en sus recorridas; o también podemos mencionar que en la Edad antigua en Grecia y Roma  aquellos niños con graves malformaciones

Eran simplemente desechados de éste mundo de una manera cruel.

Por otra parte, también podríamos incluir a Platón como uno de los tantos precursores teóricos de la eutanasia relativa a los niños nacidos con algún defecto y a los enfermos incurables.

También podemos mencionar  a Thomas More (1487-1535), que en su obra Utopía describe la eutanasia voluntaria, por parte de enfermos incurables y atormentados por continuos y atroces sufrimientos: lo llevaban a cabo rechazando todo tipo de alimento, o bien mediante somníferos y dicho comportamiento era calificado como un acto de sabiduría, como una acto  religioso y santo.

Francis Bacon (1561-1626) había propugnado en sus obras mayores, entre ellas Novum Organum, en el cual indica que con el término eutanasia se designa al esfuerzo por ayudar al moribundo, con todos los medios de los cuales se disponga, es decir, a “escapar de las angustias de los últimos momentos de la vida, y a que una vez llegada la hora, pueda morir con calma y tranquilidad.

Por lo pronto, debemos decir, que sólo a fines del siglo XIX adquiere un nuevo significado, el de procurar una muerte dulce, pero dando fin deliberadamente a la vida del enfermo.

A partir del siglo XX se experimenta un cambio cultural, que se lleva a cabo en todo el mundo occidental, tiene como consecuencia la reestructuración en las concepciones fundamentales acerca del hombre, de la vida humana y de su situación en la escala de los valores.

 

El término de la vida humana:

Etimológicamente, el término eutanasia significa “buena muerte”, pero será necesario considerar que todavía no existe una definición que se imponga como tal y sea aceptada por todos. Podremos sin embargo, ayudándonos de una definición descriptiva decir que: “ es la muerte indolora infligida a una persona humana, consiente o no, que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves o incurables o por su condición de disminuido, sean éstas dolencias congénitas o adquiridas, llevadas a cabo de manera deliberada por el personal sanitario, o al menos con su ayuda, mediante fármacos o con la suspensión de curas vitales ordinarias, porque se considera irracional que se prosiga una vida que, en tales condiciones, se valora como ya no digna de ser vivida.”

 

Por otra parte, tenemos que advertir que podemos considera a esta “ muerte indolora” desde dos aspectos: la activa y la pasiva, la voluntaria y la involuntaria. Se entiende que la eutanasia es voluntaria cuando aquella es llevada a cabo con el consentimiento del paciente, por el contrario en la involuntaria no existe tal consentimiento.

Así se dice que la eutanasia es activa cuando la muerte se provoca por medio de una acción, como por ejemplo con la administración de dosis mortales de estupefacientes o de una sustancia letal; en tanto que por eutanasia pasiva se entiende que la muerte es consecuencia de la omisión, o de la interrupción de intervenciones  cuyo objetivo es simplemente el de ofrecer a la vida su soporte indispensable(como por ejemplo la hidratación del cuerpo, nutrición del mismo).

 

Perspectiva legal:

Cabe destacar a comienzos del siglo XX nace un fuerte movimiento tendiente a promover la legalización de la eutanasia, así se constituyeron las primeras Asociaciones y aparecieron los primeros proyectos de ley: en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, ninguno de éstos proyectos obtuvo la aprobación de los respectivos parlamentos, como tampoco aquellos que fueron presentados en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial: esto fue o se manifestó como u signo evidente de que la sociedad persistía un firme rechazo de la eutanasia.

Por otra parte, sin embargo hay quienes consideran que una cierta forma de eutanasia ha sido legalizada en el Estado de California, con el Natural Death Act del 30 de septiembre de 1976, incluido en el California Health and Safety Cole; pero cabe advertir que una lectura atenta del texto de la ley no permite calificarla como favorable a la eutanasia ni siquiera a la que se conoce como pasiva; más aún en el texto de la ley se encuentra un rechaza categórico a la eutanasia activa y pasiva, entendiendo en esta última como aquella omisión terapéutica que sea causa efectiva de la muerte.

Por consiguiente, en lo que se refiere al plano legislativo, hasta el momento ningún estado ha incluido en su propio orden jurídico una verdadera legislación de la eutanasia.

 

Derecho a una vida con dignidad

El término “dignity” en el derecho anglosajón es definido como la cualidad de un ser valeroso u honorable; en otra acepción del diccionario Inglés se afirma que es la esencia de la dignidad real el autosostenerse asimismo.

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia distingue ocho acepciones diferentes en el concepto de dignidad; entre algunas de ellas se refiere a “calidad de digno” y también “la gravedad o decoro de las personas en la manera de comportarse

Según el decir de Ekmekjian, cada derecho subjetivo es una cobertura jurídica de uno o varios valores; es un medio de protección jurídica a un valor que, por definición, es un fin en sí mismo. Asimismo toda teoría de valores tiene como axioma que éstos se  hallan ordenados jerárquicamente: se discute pues el orden y la posición relativa de cada valor  pero no la existencia de esta.

Así el criterio fundamental seguido para meritar la jerarquía relativa de cada valor en la sociedad es el de mayor o menor restringibilidad  del derecho subjetivo que lo protege; de manera tal que un derecho es menos restringible en la medida en que el valor al cual brinda cobertura es considerado de mayor jerarquía. Por otra parte el sentido común nos indica que un bien más preciado será, naturalmente más defendido frente a las intervenciones de extraños (aún contra el Estado) que a otros a los que se tiene menor estima.

Dentro de éste contexto podemos decir que existen valores que existen valores que la moral social considera tan esenciales, que no permite a su titular el sacrificio voluntario de ellos, lo cual también hace dudosa, incluso la calificación de derechos subjetivos de la cobertura jurídica que la protege.

Conviene recordar la clásica división de los derechos civiles, a saber: a) derechos personales, y b) derechos patrimoniales. De modo tal que dentro del primero estarían abarcados los derechos personalísimos y a su vez dentro de ellos el derecho a la dignidad y a la vida.

¿Qué es un derecho personalísimo? Se entiende que los derechos personalísimos son las prerrogativas de contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas e inoponibles erga ommes, que corresponden a toda persona por su condición de tal, desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte, y del cual no puede ser privado por la acción del Estado ni de otros particulares porque ello implicaría un desmedro o menoscabo de su personalidad.

Así dentro de ésta categoría de derechos encontramos el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad, a la integridad física, al honor, a la identidad personal, y entre otros el derecho a la imagen, como tutelares de la personalidad espiritual.

Por otra parte, y siguiendo a Ekmejian, por derecho a la dignidad debemos entender, en un sentido restringido, el derecho que tiene todo hombre a  ser respetado como tal, es decir, como un ser humano y con todos los atributos de su personalidad; en cambio en un sentido restrictivo es el derecho que tiene todo hombre a ser considerado como un fin en si mismo, y no como un medio o instrumento de otros.

Cabe asimismo decir si bien éste derecho no se encuentra reconocido explícitamente en la Constitución Nacional, está implícito en el artículo 33 de aquella.

 

El derecho a la intimidad: su relación con la dignidad de la persona

El derecho a la privacidad o a la intimidad es uno de los contenidos principales del derecho de dignidad, podemos definirlo como “ la facultad que tiene cada persona de disponer de una esfera, espacio privativo o  reducto inviolable de la libertad individual, el cual no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio estado, mediante intromisiones de cualquier tipo. Por otra parte, el reconocimiento de éste derecho presupone las condiciones mínimas indispensables para que el hombre pueda desarrollar su persona y su individualidad, en inteligencia y libertad. Es el derecho que tiene un hombre a ser “dejado en la soledad de su espíritu”, según enseña el derecho anglosajón.

Si bien nuestra Constitución no reconoce expresamente el derecho a la intimidad, diversas disposiciones de ellas contemplan aspectos parciales de aquella: como por ejemplo el artículo 18 cuando habla de la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de los papeles privados; por su parte el artículo 19 se refiere a las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral pública ni afecten los derechos de terceros quedan exentas de la autoridad de los magistrados.

 

La eutanasia como homicidio:

Se trata de un homicidio particularmente grave, por cuanto es cometido ya sea por los familiares, o ya sea por médicos; es decir por personas particularmente obligadas a asegurar a quienes les ha sido confiado todos los esfuerzos  y cuidados necesarios para defender su vida. Así detrás de supuestos “motivos piadosos” se deja de atender a una persona que sufre y que necesita de cuidados intensivos y especiales, se saca ventaja de tales condiciones de debilidad, la que lo tornan incapaz para defenderse.

Tales motivos de humanidad o piedad no constituyen más que una máscara en donde se esconden un gesto innoble: no quiere decirse con ello que en todos  los casos quien actúen en tal modo no pueda obrar de buena fe y con la convicción de estar motivado por razones verdaderas de  humanidad y piedad.

b) La eutanasia como suicidio: Hay quienes sostienen que este tipo de eutanasia es legítimo por cuanto se encuentra representada por el derecho de cada ser humano a poner fin a su propia vida cuando la considere demasiado gravosa e insoportable seguir sosteniéndola.

De manera tal, que lo que defiende ésta posición es en definitiva el derecho al suicidio; pero cabe decir que dicho derecho es inadmisible, puesto que  se pretende disponer de una vida humana, la propia, oponiéndose a la condición natural del hombre.               

Cabe recordar a Santo Tomás de Aquino, dado que al decir del mismo “al quitarse la vida el hombre, pisotea una exigencia de la ley natural, radicada en la tendencia, común a todos los hombres, a la autoconservación: dicha tendencia  adquiere en el hombre también el significado de la exigencia de amor hacia sí mismo.

De manera tal que, para Tomas de Aquino se escoge un mal mucho más grave que áquel que se quiere evitar, y califica al acto del suicidio como pecado mucho más grave no sólo que la fornicación y el adulterio, sino también que el propio homicidio.

 

Perspectiva Bioética:

Desde un plano bioético resta relevancia hablar de eutanasia pasiva o activa, dado que su valoración ética no puede sino ser duramente negativa, dado que resulta evidente que estamos ante un homicidio y/o suicidio. A su respecto se ha clasificado de la siguiente manera:

como “homicidio”: en cuyo caso la eutanasia es practicada en una persona llevada a cabo por otras personas.

Como “ homicidio y suicidio” : en donde se dice que estamos ante que es el homicidio de alguien que consciente.

Como “suicidio” cuando una persona decide y pone por obra su propósito, por ejemplo mediante la ingestión de fármacos en dosis letales, o rechazándolo cuando es indispensable para su supervivencia, sin ayuda de nadie.

 

 

Consentimiento informado: concepto, caracteres.

Cabe considerar que la revolución que se ha producido en la medicina, de alguna manera, ha venido acompañada con una mayor participación de los pacientes que exigen ser considerados como sujetos morales autónomos, libres, y responsables de sus actos. Asimismo dentro de los principios básicos que nos trae la bioética encontramos el de “autonomía”, principio que incorpora, al decir de Belmont Report dos convicciones éticas: así pues por un lado los individuos deberán ser tratados como entes autónomos; la segunda implica que aquellas personas cuya autonomía se encuentra disminuida deberán ser objeto de protección (vervigarcia menores, pacientes terminales).

En primer lugar, debemos decir que según el origen etimológico del término “autonomía”, proviene del griego autos: uno mismo y monos: regla, gobierno propio o autodeterminación; es pues la condición del agente moral (racional y libre) que genera el principio de respeto por la autonomía de las personas, e implica un derecho de no-interferencia y una correlativa obligación de no coartar las acciones autónomas.

Dicho reconocimiento de la autonomía del paciente es una consecuente con el derecho a decidir libremente y sin coerción, de acuerdo a sus valores, creencias o indiosincracia, los problemas o la solución de los problemas de salud; también existe una estrecha relación con el derecho a la integridad física y el derecho a la no vulneración de su propio cuerpo.

Anterior a la aparición del Principio de Autonomía la relación medica paciente se basaba en los parámetros de un modelo paternalista, que no permitía al paciente decidir sobre su salud, sobre su integridad física, ni existía hasta ese momento la posibilidad de un “diálogo sincero y veraz con el paciente”.

No obstante ello, se ha desarrollado el derecho que permite al paciente obtener la información necesaria para “ hacerse una idea objetiva y correcta de su estado de salud y que sea capaz de decidir sobre los procedimientos a seguir en su caso concreto”

Asimismo un auténtico consentimiento informado requiere el suministro de una correcta información en la cual se tengan en cuanta los siguientes elementos de importancia:

ü       Explicación del padecimiento;

ü       Explicación del procedimiento a seguir y las posibles consecuencias,

ü       Descripción del tratamiento y procedimientos alternativos,

ü       Descripción de beneficios o posibles secuelas,

ü       Contestar las preguntas del paciente.

Por otra parte, será importante adecuar el lenguaje de acuerdo a la capacidad o nivel de instrucción del paciente; y a su vez para que dicho consentimiento sea receptado de una manera correcta por el paciente, será necesario:

ü       Disponer de una información suficiente,

ü       Comprenderla adecuadamente,

ü       Encontrarse libre para disponer de sus propios valores,

ü       Ser competente para tomar la decisión en cuestión.

No obstante, fundamentalmente  el consentimiento informado se logra como parte de un diálogo de proceso y colaboración en el cual se tienen en cuenta la voluntad y los valores del paciente.

Resta tener presente que el concepto jurídico de “capacidad” no coincide necesariamente con el concepto bioético de “competencia” cuando se trata de la toma de decisiones  referidas al propio cuerpo y a la salud. Así por ejemplo una persona con incapacidad jurídica absoluta (un demente declarado en juicio) puede sin embargo tener el discernimiento suficiente para participar en la toma de decisiones atinentes a la salud; y asimismo un menor de edad para la legislación vigente, siendo incapaz absoluto (impúber) o relativo (púber), puede ser sin embargo competente en mayor o menor medida, atendiendo a su desarrollo psíquico y emocional, es decir, de acuerdo con su grado de madurez en la situación concreta.

Y otro es el caso en el cual la persona siendo totalmente capaz, por encontrarse en una pérdida de conciencia, resulta ser incompetente bioéticamente para la toma de tales decisiones.

 

Conclusión:

 

He tratado de demostrar a lo largo del desarrollo de éste trabajo, que la persona humana en cuanto tal, en todos sus ámbitos ( y más aún en los más íntimos) debe ser reconocida y respetada: pero en términos de un real y sincero reconocimiento, sin imponer a ello límites ni tampoco fronteras.

De ahí pues, que debe darse la posibilidad de elección del propio “destino”: más aún cuando se comprueben las circunstancias expuestas (paciente que sufre una enfermedad irreversible, que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales para ejercer el derecho del consentimiento informado y advertir las consecuencias del mismo); precisamente es pues, la elección del propio destino y no que otros elijan o decidan sobre nosotros, cuando ello es, en definitiva fácticamente posible.

Dentro de éste contexto, considero que es el propio Estado el que debe amparar y no reconocer de una manera literal éste derecho: pues así como también será una obligación del Estado comprobar la real existencia de la autonomía en la persona, una vez que se haya comprobado ésta, ninguna acción cabe por parte del mismo o los particulares: tan sólo respetar ésta última decisión final y acompañar de una manera incondicional, en un ambiente cálido y afectivo, y no prolongar una vida llena de angustias y agonías, cuando ello ya no tiene ningún sentido.

 

 

 

Bibliografía de consulta:

Aida Kemelmajer de Carlucci .-Roberto Lopez Cabana Derechos y Garantías del Siglo XXI

Aquilino Polaino Larente. Manual de Bioética

Ekmekdjian, Miguel Angel. Manual de la Constitución Argentina. Editorial: Depalma. 1999.

Elio Sgreccia. Manual de Bioética

Emanuale Cailó Nuevos derechos y autonomía de la voluntad  Eidiciones : La Rocca

Emanuele Cailó.Bioética

Enrique Bacigalupo Manual de Derecho Penal

Juan Antonio Travieso. Derechos Humanos y jurisprudencia Doctrina y legislación argentina e internacional

Niño. Eutanasia: Morir con Dignidad Consecuencias jurídico-penales

página web: bioetica.com.ar

página web:www.muertedigna.com.ar

Rivera. Tratado de Derecho Civil