Cuestiones jurídicas y bioéticas entorno a la Muerte
Curso dictado por Dra. Teodora ZAMUDIO

Material editado para l@s alumn@s de la U.M.S.A.

 

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Publicado en Cuadernos de Bioética
Ed. Ad Hoc. Argentina

COMENTARIO A LEGISLACIÓN

Luis Fernando Niño*

 

El 27 de marzo de 1997, una noticia recorría el mundo, reavivando los ecos de una polémica vigente desde hace veinticinco siglos en la cultura occidental: el Parlamento de Australia, con sede en Canberra, había resuelto derogar una ley, sancionada poco más de un año antes por la legislatura unicameral del Estado del Norte de dicho país, en virtud de la cual se autorizaba explícitamente el suicidio médicamente asistido, incluyendo el auxilio ejecutivo por parte del profesional, bajo ciertas circunstancias. La ratificación de la medida por el Gobernador General de aquel país, puso fin así a la efímera vigencia del estatuto que había llegado a reconocer a la eutanasia resolutiva activa directa como una modalidad terapéutica deontológicamente admisible.

La decisión de las autoridades nacionales causó estupor e indignación en el Estado afectado por la derogación, cuyo órgano legislativo es célebre por la férrea independencia de criterio de sus miembros en punto a la elaboración de normas generales de su incumbencia. Ello no obstante, más sorprendente había resultado la historia de la gestación de la ley que ahora ha perdido eficacia.

Correspondió a un político reconocidamente conservador el rol de mentor y principal impulsor de la iniciativa parlamentaria otrora devenida en ley: el líder del Partido Liberal y Jefe de Ministros del Territorio, Marshall Perron. La explicación de la aparente paradoja es tan sencilla como dramática: Perron había visto morir a su madre tras una lenta agonía, proponiéndose desde entonces evitar que sus conciudadanos atravesaran una experiencia semejante.

Lo cierto es que la norma en cuestión, registrada como "Acta de Derechos de los Enfermos Terminales de 1995" (Lex cit., Parte 1, Sección 2), hubo de sobrepasar los límites establecidos por todas las leyes y proyectos legislativos conocidos hasta el presente, si exceptuamos las normativas de regímenes totalitarios como el "Programa de Eutanasia" de la Alemania nacional-socialista de 1939.

La amplitud de las fórmulas empleadas en su redacción y la inclusión de preceptos tales como el que autorizaba que cualquier adulto -distinto de los médicos actuantes y desinteresado económicamente respecto de la muerte del paciente- pudiera suplir la incapacidad física del asistido en la formalización del certificado de requisitoria (Idem, Parte 2, sección 9), colocaba a este instrumento legal varios pasos por delante de iniciativas gestadas en los países de América del Norte, tales como el "Acta de la Muerte con Dignidad" del Estado de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica, o el "Informe sobre Eutanasia y Suicidio Asistido" del Senado de Canadá.

La propia Holanda, pionera en materia de decisiones relativas a tan acuciante asunto, había resignado su puesto de vanguardia, tras la promulgación del Acta que motiva este comentario. En efecto, a diferencia de la difundida legislación de los Países Bajos, que se limita a contemplar la virtual justificación de tales intervenciones, sin despojarlas ab initio de relevancia penal, el estatuto australiano recientemente derogado declaraba que las prácticas médicas de asistencia al suicidio y de eutanasia activa directa sobre los cuales legisla, ejecutadas conforme a los recaudos previstos en su articulado, constituían -lisa y llanamente- un "tratamiento médico" (Ibidem, Parte 4, Sección 16).

Habida cuenta del carácter interdisciplinario de esta publicación y de la diversa formación académica de sus lectores, resulta oportuno incursionar muy brevemente en este tópico, para apreciar el giro copernicano fugazmente operado por la norma australiana en el ámbito del Derecho Penal Comparado.

Para que quepa hablar de delito, en términos jurídico-penales, será necesario acreditar que ha existido una conducta (hecho humano voluntario), y que de ella sea posible predicar asertivamente tres características, verificables en el siguiente orden: a) tipicidad; b) antijuridicidad; c) culpabilidad.

La primera de tales notas específicas se constata, según la más moderna doctrina, a partir de dos condiciones: la perfecta adecuación de esa conducta al marco descriptivo de una ley penal previamente sancionada y la inexistencia de una norma preponderante sobre la prohibitiva que ordene o fomente esa conducta, o bien, la considere exenta de la autoridad de los magistrados, o -por fin- vede su persecución en razón de su escasa entidad.

Si aquella adecuación existe y la conducta en cuestión no aparece obligada o propiciada por una norma que actúe por sobre la que la prohibe, ni se trata de una acción privada -sin perjuicio para terceros- ni de un hecho bagatelar, puede afirmarse que se trata propiamente de la conducta prohibida por el legislador; en caso contrario, tal comportamiento humano será atípico, y -por ende- indiferente para aquella rama del ordenamiento jurídico.

La afirmación en torno a la segunda característica, la antijuridicidad, depende de una circunstancia negativa: que, en el caso concreto, no se haya configurado uno de los cuadros de permiso o justificación previstos por la ley, que amparan a la conducta prohibida y obligan a considerarla conforme a derecho. Es el caso del estado de necesidad justificante, de la legítima defensa o del ejercicio legítimo de un derecho. Si de ninguno de esos cuadros se trata, la conducta, además de prohibida genéricamente, será injustificada, restando apenas inquirir si es culpable, ésto es, si puede ser reprochada al agente. Y podrá serlo si se comprueba que quien llevó a cabo la conducta típica y antijurídica gozaba de capacidad para comprender la relevancia penal de su obrar y del autodominio suficiente como para dirigir sus acciones conforme a aquella comprensión.

Con la simplificación a que nos fuerza una labor de estas características, acabamos de describir el esquema de la teoría del delito. Volviendo ahora a la comparación pendiente entre la legislación neerlandesa y la del estado septentrional de Australia, nos hallamos con que, conforme a la primera, se reputa prohibida (penalmente típica) la conducta de asistir al suicidio de un paciente, ésto es, se la evalúa como una conducta descrita por la ley penal, desprovista de todo mandato o fomento, trascendente del mero ámbito privado y de suficiente entidad como para resultar perseguida. Luego, el médico holandés que la materialice puede ser imputado por el Ministerio Fiscal ante la autoridad judicial competente, acción pública frente a la cual dicho galeno podrá -empero-oponer la justificante fundada, v. gr., en los contextos permisivos de necesidad y de ejercicio legítimo de la profesión.

En cambio, de acuerdo a la clara definición de la ley australiana, el médico que asistiera a un paciente a terminar con su vida, en las circunstancias y con las condiciones impuestas por la ley, estaría llevando a cabo un tratamiento médico más, lo que equivale a decir, una actividad fomentada explícitamente por el orden normativo, y -por ende- esencialmente distinta de la prohibida para la generalidad.

Pues bien; ¿cuáles eran las circunstancias y condiciones de operatividad que la ley australiana preveía? La respuesta a tal interrogante alerta por su omnicomprensión: "Un paciente que, en el curso de una enfermedad terminal, experimentase dolor, sufrimiento y/o angustia en una medida inaceptable para él, puede requerir al médico actuante que lo asista para dar término a su vida" (Idem, Parte 2, Sección 4). Por su parte, el médico requerido, en caso de reputarse satisfechas las condiciones que la ley estipulaba, "podrá asistir a poner término a la vida del paciente de acuerdo con las reglas del Acta, o, por cualquier razón y en cualquier tiempo, rehusarse a proporcionar dicha asistencia" (Ib., Sección 5).

La "asistencia" en cuestión incluía la prescripción de la substancia, la preparación y entrega de la misma al paciente para su auto-suministro, así como su administración por parte del propio médico asistente (Parte 1, Sección 3).

En cuanto al marco semántico de "enfermedad", la ley también lucía amplia en su definición: abarcaba la lesión o degeneración de las facultades mentales o físicas, precisando el concepto de "enfermedad terminal" como aquélla que, según un razonable juicio médico, sin la aplicación de medidas extraordinarias o de un tratamiento inaceptable para el paciente, conduciría normalmente a la muerte de este último (lex et loc. cit.).

Oportunamente, valiéndome de razonamientos estrictamente jurídicos, he expresado un criterio adverso a la legalización de la eutanasia resolutiva activa directa, aun en los casos en que esa anticipación intencional de la muerte de otro se efectuare en su propio interés y ante la inminencia del deceso. He intentado dejar allí sentados los argumentos contrarios a la pretendida justificación de tal proceder, cifrados en que no cabe fundamentar la licitud del obrar prohibido a la generalidad -en este caso, matar a otro- en la supuesta existencia de un hipotético estado de necesidad: para que quepa predicar la configuración de tal situación justificante, el sujeto activo deberá haber zanjado el conflicto planteado por el riesgo inminente para dos bienes de la manera que implique el menor sacrificio posible para el bien de menor valor. En la eutanasia activa directa, el sacrificio de uno de los bienes es el máximo inteligible -su supresión- y ningún razonamiento ius-filosófico me persuade de que la vida de un ser humano, aunque prácticamente reducida -en ciertos casos- a su mero soporte biológico, descienda de su sitial supremo en la axiología de cualquier corriente humanista, para convertirse en objeto de trueque del que pueda disponer otro individuo de la especie, aun contando con el acuerdo de su titular.

Me anticipo a responder a la objeción de quien, sin conocer la línea argumental expuesta en aquella monografía, considere incongruente esta rotunda posición de rechazo con la de reputar atípica la modalidad eutanásica resolutiva activa indirecta o de doble efecto. En este último caso, el médico actuante, consciente de las dos metas esenciales de su labor profesional -curar y aliviar el dolor-, imposibilitado de alcanzar la primera, en virtud del avance de la enfermedad o de la gravedad del accidente que aqueja a su paciente, suministra proporcionadamente las medicinas paliativas suficientes para neutralizar el dolor, la ansiedad, el insomnio o cualesquiera otros síntomas insoportables para su asistido.

Si, en esas condiciones, se produjese un global debilitamiento del organismo del enfermo o accidentado, que pudiere redundar en la abreviación de su ciclo vital, cabría aventurar, en términos estrictos de causalidad, que su conducta tuvo como resultado el deceso del paciente. Empero, sin perjuicio de que pueden analizarse diferencias objetivas entre ese suministro, limitado por su finalidad paliativa, y el de quien se propone dar muerte al sujeto pasivo, la diferencia neta, tanto deontológica como jurídicamente, estará dada por la disposición subjetiva del agente.

Como lo sostuviera en su momento, no es ocioso recalcar que la nota de inmediación entre los medios escogidos y el resultado procurado se da en la mente del agente; y esa construcción hipotética en retroceso deja -en principio- en un segundo plano todo resultado concomitante diferente de la estricta meta prevista.

Mientras que, en el caso de la eutanasia resolutiva activa indirecta, el suministro equilibrado de fármacos forma parte del cumplimiento del deber juramentado del médico, al aliviar y serenar a aquél a quien ya no puede curar de su enfermedad o accidente grave, en la modalidad resolutiva activa directa que la ley australiana ponía a salvo de toda prohibición general, el designio central del médico actuante pasa a ser el de eliminar al paciente, a su requerimiento. Está de más recalcar las distancias físicas y filosóficas entre uno y otro procedimiento.

Aunque parece suficiente con lo dicho, valga señalar algunos pasajes del instrumento legal sometido a póstumo examen, pródigos en matices truculentos, a poco que se medite en la praxis profesional regida por el mismo.

Recibido el requerimiento verbal de terminación de la vida de un paciente, el médico actuante, tras abastecerse del informe de un psiquiatra que aventaría, entre otras cosas, el riesgo de que aquél no se encontrase cursando un cuadro depresivo vinculado a su enfermedad, opinaría respecto de la existencia de "opciones de cuidado paliativo razonablemente disponibles para aliviar el dolor o el sufrimiento del paciente a niveles aceptables para el mismo" (Parte 2, Sección 8, parágrafo 1). En tal caso, debería abstenerse de auxiliarlo en el suicidio o de eliminarlo de propia mano mediante el suministro de la substancia prescripta y preparada al efecto.

Para no prolongar indebidamente estas reflexiones, dejo planteados algunos cuestionamientos que, a mi criterio, reflejan las inmensas dificultades que acarreaba el intento de legislar adecuadamente sobre la variedad eutanásica a la que nos referimos. ¿Es suficiente el dictamen de un médico especializado en Psiquiatría para descartar la ocurrencia de un cuadro depresivo en un paciente en estado terminal y, a partir del mismo, proceder a darle muerte? Cuando se habla de opciones de cuidado paliativo "razonablemente disponibles", como lo hacía la ley del Estado del Norte, ¿a qué criterios de razonabilidad se alude? ¿Se trata de una disponibilidad vinculada al avance científico-técnico o a las posibilidades económicas del paciente o de su grupo familiar? Si, tal como lo admitía la norma australiana, es posible que un paciente que hubiere requerido asistencia médica para suicidarse, reciba luego cuidados paliativos que produzcan la remisión de su cuadro de dolor o sufrimiento, ¿es moral y jurídicamente correcto programar su muerte bajo la etiqueta inespecífica del "tratamiento médico"?

Como potencial enfermo o accidentado en fase terminal, soy el primero en abominar, tanto de la medicación paliativa insuficiente como del encarnizamiento terapéutico. Me reconozco, paladina y heideggerianamente, un "ser para la muerte", y niego todo intento de reducirme a la condición de un "objeto para el análisis o el lucro"; pero encuentro un abismo tendido entre esas convicciones y la posibilidad de que se reglamente con sospechosa ligereza la ayuda de terceros en mis eventuales proyectos suicidas; sobre todo cuando esos terceros son los encargados de procurar mi restablecimiento o -al menos- de mitigar las penurias que mi dolencia ocasione. In medio veritas, se alza la pretensión de que se me cure hasta donde sea posible, y que, a partir de allí, se me alivie y se me reconforte.

Precisamente por eso, porque me rehuso a ver equiparada mi eliminación premeditada -como la de cualquier individuo de la especie- con un tratamiento médico de rutina, es que celebro la medida adoptada por las máximas autoridades australianas.

Valga aclarar que lo expuesto no implica cerrar el paso a reglas como la que faculta al Juez a exonerar de pena al autor de un homicidio a ruego, caso de configurarse excepcionales circunstancias, prevista en el artículo 37 del Código Penal del Uruguay. Eximir de reproche al autor de un injusto está muy lejos -tanto ética como jurídicamente- de estimar que su conducta resulte digna de fomento o de justificación.

NOTA DE LA REDACCIÓN: La norma que se comenta fue derogada poco después de su sanción.