Cuestiones jurídicas y bioéticas entorno a la Muerte
Curso dictado por Dra. Teodora ZAMUDIO

Material editado para l@s alumn@s de la U.M.S.A.

 

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA

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Amparo. Ligadira tubarica

Juzg. Nac. de 1ª Inst. en lo Civil N. 79, 1º/12/99 – M., E. C. v. Gobierno de la Ciudad  de Buenos Aires s/amparo (firme)

 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 1999.- Autos y Vistos: Considerando: 1. Que a fs. 44 E. C. M., promueve acción de amparo, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la decisión de las autoridades del Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”, de requerir autorización judicial para la realización de una intervención quirúrgica que posibilite la ligadura de trompas de Falopio, durante el transcurso de la operación cesárea a la que deberá someterse con motivo de su actual embarazo.

Dijo que con fecha –30-9-99 médicos del Servicio de Obstetricia del Hospital mencionado, entre ellos el Jefe de división de esa área, elaboraron un informe médico que en copia obra a fs. 27, indicando que la accionante, con los antecedentes obstétricos de nueve gestaciones (dos partos eutócicos y cinco cesáreas) cursa en la oportunidad de la elaboración del mismo un embarazo de edad gestacional incierta, contraindicado con un nuevo embarazo porque las múltiples cirugías realizadas en el útero de la paciente predisponen a la misma a sufrir una rotura uterina, cuadro que pondría en peligro la salud y la vida de la paciente. Surge también de ese informe, que ante la solicitud de la accionante de efectuar una ligadura de trompas en la oportunidad de realizarse la próxima cesárea (fecha aproximada entre el 30-12-99 y 10-01-2000) elevan a consideración del Director del nosocomio, Dr. Abel Cittadino, para la autorización judicial correspondiente.

Del informe elaborado por la Dra. María Laura Ferrero, especialista en tocoginecología (que en copia obra a fs. 25/26), aparece expresamente considerado como indicación terapéutica la ligadura tubaria, a los fines de evitar un nuevo embarazo que implicaría un alto riesgo de acretismo placentario lo que conlleva un grave peligro de muerte.

Ante esta situación debió la accionante recurrir ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la que por resolución nº 2070/99 recomendó al Director del Hospital General de Agudos José M. Ramos Mejía que arbitre los medios necesarios a fin de que proceda a la intervención quirúrgica de la accionante practicando la ligadura de trompas y toda otra acción terapéutica que resulte indicada para el caso según las reglas del arte de curar, lo que deberá realizarse al momento del parto.

2. Que habiendo dictaminado la Sra. Fiscal a fs. 57/58 en lo relativo a la competencia de la suscripta y a la admisibilidad –prima facie- de la acción, a fs. 59 se le dio curso a la misma, requiriéndose en consecuencia de la accionada el informe circunstanciado que prevé el art. 8º, párrafo 2º de la ley 16.986, el que fuera contestado a fs. 67/68.

En dicha presentación la comuna se manifestó acerca de la improcedencia de la acción, dado que no fue acreditado que la amparista hubiese peticionado ante las autoridades del hospital ramos Mejía la intervención quirúrgica en cuestión, como así tampoco que las autoridades del nosocomio hubieran considerado la necesariedad –a los fines terapéuticos indicados-, de la ligadura de trompas, afirmando, asimismo, que hasta la fecha no existe declaración de voluntad por parte de la entidad hospitalaria que haga lugar o deniegue la petición formulada.

3. Entrando ya en el tema de la admisibilidad de la acción intentada, corresponde aclarar que la acción de amparo es un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguardia de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción tipificadas como por presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiesta que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta acción urgente y expedita (...) la arbitrariedad e ilegalidad del acto tildado como lesivo debe aparecer de modo claro y manifiesto (...).

4. Tal como surge del escrito de inicio, ataca la actora mediante el presente la decisión de las autoridades del Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”, de requerir autorización judicial para la realización de una intervención quirúrgica que posibilite la ligadura de sus trompas de Falopio durante el transcurso de la próxima cesárea que se le practicará.

La inexistencia de una vía judicial más idónea que la presente, surge incuestionablemente acreditada teniendo en cuenta la necesidad de una pronta resolución referida al tema que nos ocupa, ya que la fecha aproximada del parto fue establecida por los médicos entre el 30-12-99 y 10-1-2000, lo que de manera alguna puede tomarse como exacta, pues es de público conocimiento lo estimativo de tal afirmación, máxime teniendo en cuenta que se trata del séptimo parto.

Como ya fue dicho, esta vía de excepción tendiente a salvaguardar derechos fundamentales –los que de manera innegable se ven comprometidos en el caso de marras- requiere de circunstancias que puedan ser tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad manifiesta. En este sentido y tal como lo define la Real Academia Española el concepto de arbitrariedad, debe ser entendido como todo acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

Se ha sostenido en párrafos precedentes que el acto cuestionado debe además carecer del mínimo respaldo normativo tolerable.

En el caso de autos, es la decisión de las autoridades del nosocomio la que debería comprender tales características a los fines de considerar la procedencia d ela acción.

5. La negativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a reconocer la petición por parte de la amparista de la ligadura (de) trompas no tiene el menor sustento fáctico, ya que en el informe de fs. 27, elaborado por el Jefe de División de Obstetricia y la jefa de Unidad de Internación, elevaron a consideración del Director del Hospital Ramos Mejía –y no a la Defensoría del Pueblo, como erróneamente afirma la comuna en su responde- la solicitud por parte de la paciente de la realización de dicha intervención “para la autorización judicial correspondiente”.

Por su parte no fue negado por la demandada la circunstancia aludida por la actora en torno a que en el Hospital ramos Mejía le fue exigido con carácter previo la intervención pretendida por ésta, una autorización judicial al efecto.

6. A los fines de valorar la razonabilidad de la solicitud de autorización judicial, corresponde estarse a las disposiciones establecidas por la ley 17.132 que regula el ejercicio de la medicina, la cual, a entender de la suscripta, contempla –en relación al tipo de operación en cuestión- la prohibición a los profesionales de la medicina de “practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin la existencia de una indicación terapéutica adecuada” (art. 20, inc. 18).

Baste lo dicho para afirmar que concurriendo la mencionada indicación terapéutica, desaparece la situación   de prohibición, siendo que el profesional del arte de curar se encuentra habilitado a efectuar aquellos actos quirúrgicos cuando razones terapéuticas así lo aconsejen, no necesitando por lo tanto autorización para llevarlos a cabo (...).

Del informe médico obrante a fs. 25/26 surge expresamente indicado como medida terapéutica la ligadura de trompas de la paciente, lo que de manera alguna puede considerarse contradicho por el informe emanado de los mismos médicos de la institución, ya que la elevación a consideración del Director del Hospital, sin duda sugiere la previa evaluación por parte de ellos de la procedencia de tal intervención.

Súmese a lo expuesto, a los fines de una correcta interpretación hermenéutica de la ley citada que en su artículo 19, inc. 5º dispone que los profesionales que ejerzan la medicina están obligados en las operaciones mutilantes a solicitar la conformidad por escrito del enfermo, salvo cuando la inconsciencia o alienación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones.

Esta inciso debe interpretarse conjuntamente con el que le sigue, el que establece que no se llevarán “a cabo intervenciones quirúrgicas que  modifiquen el sexo del enfermo, salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorización judicial”.

Como se desprende de las normas indicadas, la solicitud de autorización judicial para efectuar una ligadura de trompas no encuentra sustento jurídico alguno, toda vez que cuando el legislador consideró pertinente dicho extremo, así expresamente lo contempló en la norma, alcanzando en consecuencia para llevar a cabo la ligadura de trompas de Falopio la correspondiente conformidad del paciente.

7. Por todo lo expuesto, hallo debidamente acreditada la arbitrariedad de la exigencia por parte de las autoridades del Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía” de peticionar ante sede judicial una autorización a los fines de realizar la ligadura de trompas de Falopio que oportunamente solicitara la paciente ante el nosocomio, por carecer ello de sustento fáctico y/o jurídico alguno.

Ratifica lo señalado el precedente jurisprudencial arrimado en copia certificada por la accionante, en donde la Titular del Juzgado del Fuero Nº 106 desestimó un pedido de autorización judicial formulado por la señora M. para realizar una intervención como la referida, solicitud efectuada en ocasión de un embarazo anterior y que fuera resuelta negativamente con fecha 21/10/98.

8. Corolario de lo expuesto corresponde que el Sr. Director del Hospital ramos Mejía de esta Ciudad evalúe en forma inmediata la solicitud de intervención efectuada por la actora que fuera elevada a su consideración con fecha 1/10/99 -a lo que habría omitido considerar sin que aparezca en autos justificación alguna al respecto- y disponga que en ocasión de la cesárea programada para la actora se realice la ligadura de trompas requerida u otra acción terapéutica que resulte indicada para el caso, según las reglas del arte de curar, conforme al diagnóstico que presenta la paciente.

Ello, a efectos de resguardar en debida forma su integridad psicofísica y, mas aún, su propia vida así como también la de los restantes hijos menores de la solicitante que se verían seriamente afectados para el caso en que perdiera la vida su progenitora, extremos éstos que parecen no haber sido considerados debidamente y que ha llevado a la peticionante –en el avanzado estado de gravidez en que se encuentra- a tener que recurrir a estos estrados judiciales como consecuencia de la exigencia de un requisito absolutamente arbitrario por parte del nosocomio aludido que se aleja del deber que en definitiva le es asignado, cual es el de velar por la salud de los pacientes y no ponerla en peligro a través del cumplimiento de recaudos que no responden a razón legal alguna.

9. Por lo dicho y de conformidad con las normas legales y constitucionales mencionadas, resuelvo: 1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la Sra. E. C. M. 2) En consecuencia, ordeno que el Sr. Director del Hospital Ramos Mejía proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el considerando 7. En la forma y oportunidad allí indicadas. 3) Notifíquese la presente personalmente o por cédula a las partes y al Sr. Director del nosocomio indicado, las que se diligenciarán en el día con carácter de urgente y con habilitación de días y horas inhábiles y se confeccionarán por Secretaría.-

Cecilia M. V. Rejo - Juez