Cuestiones jurídicas y bioéticas entorno a la Muerte
Curso dictado por Dra. Teodora ZAMUDIO

Material editado para l@s alumn@s de la U.M.S.A.

 

Aborto: Minoridad y Minusvalía ¿Cuánta carga es necesaria para justificar un aborto?

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Publicado en Cuadernos de Bioética
Ed. Ad Hoc. Argentina

por Juan Carlos Tealdi*

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Comentario a los fallos:

T., S. C/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires S/ Amparo, Buenos Aires, Enero, 11 de 2001 Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"S./N. s. Intervención". La Plata, diciembre 2 de 1998.Tribunal de Menores N° 1, La Plata, diciembre 2 de 1998.

 

1. EL CASO

Niña de 10 años de edad, de nivel mental fronterizo confirmado por la Escuela Diferenciada de Magdalena en la que fuera estudiada, huérfana de padre y madre y bajo tutela de una tía. La madre falleció hace tres años y su padrastro la envió a mendigar. Fue violada por dos adultos y cursa en la actualidad un embarazo de 13,3 semanas según ecografía. La niña desconoce su estado. Un juez de menores solicita la intervención de un hospital público con el fin de interrumpir el embarazo ya que considera al mismo de alto riesgo para la vida de la menor atendiendo al juicio unánime de una junta de seis médicos y basándose en el artículo 86 del Código Penal, segunda parte. La tutora firma el consentimiento para prácticas quirúrgicas y/o anestésicas.

 

2. ANALISIS DEL CASO DESDE EL PUNTO DE VISTA ETICO

El caso puede ser analizado éticamente desde un punto de vista procedimental y desde un punto de vista sustantivo, pero en ambos supuestos no se debe apartar el análisis de los hechos del caso en cuestión.

 

a. Etica procedimental

Desde el punto de vista procedimental cabe analizar si los pasos que se han dado para concluir en la acción indicada han sido éticamente correctos. La información señala que una vez conocidos los hechos se solicitó la intervención de un juez de menores. Este pidió opinión a una junta médica que en forma unánime consideró el embarazo como de alto riesgo para la menor. El juez, atendiendo al juicio médico y a los supuestos de legitimidad jurídica que señala el Código Penal, solicita la actuación de los profesionales de la salud para la interrupción del embarazo contando con el consentimiento para esta acción de la tutora de la menor.

Desde el punto de vista jurídico no se observa que el procedimiento haya sido en modo alguno incorrecto y la autoridad del juez no puede dejar de respetarse en una sociedad democrática. De acuerdo con ello no cabe cuestionar la legitimidad jurídica de la acción indicada.

Desde el punto de vista de la ética médica, si consideramos la "Declaración de Oslo. Postulado sobre el aborto terapeútico" (1970) de la Asociación Médica Mundial, los pasos que se han dado no muestran discordancia alguna con dicha norma. Por tanto, desde el punto de vista deontológico la acción indicada también aparece como legítima.

La Declaración de Oslo, sin embargo, señala textualmente: "Si el médico considera que sus convicciones no le permiten aconsejar o realizar un aborto, puede retirarse del caso, siempre que asegure la continuidad del cuidado médico por un colega cualificado". En este sentido, debe tenerse muy claro que la objeción de conciencia que puede hacerse a la acción indicada sólo se aplica a la participación de un profesional determinado en la realización de la acción pero nunca supone, en sí misma, un cuestionamiento a la legitimidad de la norma en sí. Todo reconocimiento de la objeción de conciencia frente a una norma consensuada no debe interpretarse como una habilitación para el cuestionamiento de la norma en sí porque de lo contrario no sería posible vivir pacíficamente en una sociedad normativamente ordenada. Por tanto, desde el punto de vista procedimental, un médico puede hacer objeción de conciencia a la realización de la acción indicada y ello es aceptable, pero bajo la condición de que responsablemente asegure la continuidad de la atención de la paciente para alcanzar el fin indicado. En caso contrario, si una supuesta objeción de conciencia se utiliza como medio para diferir o impedir la acción indicada, se trataría entonces de una acción éticamente incorrecta.

 

b. Etica sustantiva

Desde el punto de vista sustantivo cabe preguntarse si los argumentos que se utilizan para justificar la acción indicada son consistentes desde el punto de vista ético o si podría demostrarse contradicción, debilidad, o falta de sustento fáctico para los mismos.

En primer lugar debe señalarse claramente que la interrupción del embarazo no es vista como un mal absoluto por nuestro sistema jurídico que lo despenaliza ante peligro de la vida o la salud de la madre y ante ciertos casos de violación, ni por la medicina que acepta el aborto terapeútico, ni tampoco por una institución como la iglesia católica que lo acepta bajo la doctrina del doble efecto. Por tanto, debido al alto acuerdo comunitario existente, deben rechazarse como inaceptables todos aquellos argumentos que en realidad presentan la cuestión del aborto como un mal absoluto a evitar en todos los casos y cualquiera sea la situación. Lo que debe hacerse por tanto es ver si en este caso la interrupción del embarazo está éticamente justificada.

El argumento dado por el juez para pedir la interrupción es el de que en este caso se presenta "un embarazo de alto riesgo". Con ello lo enmarca dentro de un supuesto ampliamente aceptado desde el punto de vista ético, jurídico, médico y religioso cual es el de peligro para la salud y la vida de la madre. Considerada la salud en su dimensión bio-psico-social no parece que pueda sostenerse un argumento que pretenda minimizar el elevado daño para la salud que en una niña de 10 años embarazada por violación va a tener la pretensión de llevar a término dicho embarazo. Desde el riesgo para su vida en un sentido estrictamente biológico hasta el daño psíquico y social agregados si son comparados en términos de costo-beneficio y riesgo-beneficio, no hay dudas que muestran un resultado favorable a la interrupción del embarazo.

Se podría pretender discutir ese argumento que tiene en cuenta las consecuencias de interrumpir o no el embarazo desde una posición como la que ha sostenido el Dr. Juan Carlos Caprile al decir "...desde el punto de vista biológico o físico, se entiende que si esta niña ha quedado embarazada es porque ha tenido un suficiente desarrollo hormonal que ha provocado la ovulación y por consiguiente también apto para el desarrollo gestacional. Por lo cual la edad cronológica de 10 años puede equipararse a una persona de mayor edad que ya ha tenido sus primeras menstruaciones y que oscila entre los 14 y los 16 años. (...). Toda persona humana tiene el derecho a nacer, vivir y morir con dignidad....Por eso vale tanto para la madre-niña como para el hijo cuyo corazón late en su seno".

Este argumento es doblemente inconsistente. Por la primera afirmación cabe inferir que toda constatación de embarazo implica en sí misma un diagnóstico de completa salud materna ya que quedar embarazada supone tener un organismo apto para ello y, se desprende, esa aptitud para el embarazo asegura que el curso del embarazo será saludable. Con lo cual se está cometiendo un error de análisis al hacer sinónimos "diagnóstico del embarazo" y "pronóstico del embarazo". El conocimiento sobre la reproducción humana nos hace saber por otro lado que la relación natural entre aptitud para la fecundación, anidación y desarrollo embrionario saludable, muestra una pirámide de ancha base para las primeras etapas que se va estrechando progresivamente con la evolución del embarazo tanto para la salud del feto como para la salud de la madre.

El argumento de Caprile también es inconsistente al sostener que toda persona humana tiene el derecho a nacer, vivir y morir con dignidad. El catolicismo acepta que en el caso de una mujer embarazada con cáncer de útero se realice el aborto para salvar la vida de la madre. De modo que la iglesia acepta la legítima defensa de la vida de alguien aún en el caso de que quiera verse al feto con un estatuto de persona idéntico al de la madre. Y para ello no hace falta por tanto recurrir ni siquiera al argumento de que el estatuto moral del feto es inferior al estatuto moral de la madre. Por tanto, ni siquiera el catolicismo sostiene un valor tan absoluto de la idea de persona como para nunca poder actuar en orden a interrumpir un embarazo.

Pero en el caso que estamos tratando, al argumento en defensa de la vida y la salud de la madre, puede sumarse el segundo argumento más ampliamente reconocido en todas las discusiones sobre aborto: este es el de violación. Si el embarazo es producto de una violación el llevarlo a término excede los límites del deber y se convierte en un acto ‘supererogatorio’.

Un acto es supererogatorio si: 1. No es ni obligatorio ni prohibido; 2. Su omisión no es incorrecta y no merece sanción ni crítica, formal o informal; 3.Es moralmente bueno, tanto en virtud de sus pretendidas consecuencias cuanto en virtud de su valor intrínseco; y 4. Es realizado voluntariamente por el bien de algún otro y así es meritorio. Por tanto, llevar a término un embarazo por violación no puede ser visto como un acto moralmente obligatorio sino como un acto supererogatorio que está más allá del deber. Lo haría una persona extraordinaria como un santo o un héroe pero no se le puede pedir a las personas ordinarias. Por tanto, no parece justificable exigir que una niña de 10 años embarazada como consecuencia de una violación tenga la obligación de continuar su embarazo.

Finalmente, debe tenerse en claro que toda consideración moral, tratándose de una menor con una severa deficiencia mental, debe en último término descansar en aquellos que legítimamente la representen en orden a la decisión a tomar. En este caso, la voluntad de quien tutela a la menor, coincidente con la del juez interviniente asesorado por una junta médica, no arrojan duda alguna acerca de la legitimidad moral de quienes son los que están tomando la decisión. Y esto es de extrema relevancia en el presente caso ya que es lo que termina de justificar que la acción indicada de interrumpir el embarazo es éticamente correcta.