Cuestiones jurídicas y bioéticas entorno a la Muerte
Curso dictado por Dra. Teodora ZAMUDIO

Material editado para l@s alumn@s de la U.M.S.A.

 

Deontologismo y teleologia en el capitulo final de la vida humana.

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Publicado en Cuadernos de Bioética
Ed. Ad Hoc. Argentina

Por Sergio Cecchetto*

    El antagonismo entre valores técnicos y humanos que caracterizó a la medicina en las primeras décadas de nuestro siglo se encuentra actualmente en retirada. Un reconocimiento explícito de la capacidad de decisión que el hombre tiene sobre su destino biológico ha pasado a ocupar su lugar en las modernas sociedades democráticas y pluralistas. De tal forma entonces que tanto el cuerpo médico como sus pacientes se encuentran con que sus posibilidades de evaluar libremente los beneficios y riesgos de una terapéutica se han multiplicado, aunque también los resultados de esas evaluaciones señalan con frecuencia en direcciones distintas. En otras palabras, la abundancia de valores en juego ocasiona perplejidad en el momento de elegir un camino terapéutico correcto y éticamente proporcionado. Para colaborar en el análisis de cada circunstancia particular se ha apelado entonces a la racionalidad práctica, tentando fundar las elecciones en criterios de actuación generales que no resultaran arbitrarios y brindaran al mismo tiempo un marco conceptual para la toma de decisiones.

   La ética normativa se ha debatido entre dos principios de esta índole: el de la inviolabilidad de la vida humana y el de calidad de vida, presentándolos en muchas ocasiones como criterios excluyentes. El primero de ellos denuncia su raigambre deontológica y formula por lo tanto sus deberes bajo la forma de un precepto positivo necesario y universal que fuerza su cumplimiento: Para esta concepción la existencia es un valor fundamental (no un valor superior) que no debe ser manipulado sino protegido, por constituirse en el instrumento privilegiado por medio del cual cada hombre se encamina hacia el fin último que lo mueve. Este razonamiento obliga a cada individuo a conservar su vida, a defenderla y enriquecerla en la medida de sus posibilidades, al tiempo que exige del resto de sus congéneres un tratamiento acorde. Sin embargo, si bien es cierto que los preceptos positivos obligan siempre, esto no significa que obliguen indefinidamente y a cualquier costo. Algún tipo de imposibilidad moral -figura que analizaremos más adelante- ,puede ofrecer una excepción lícita a la regla planteada. Una defensa a ultranza de la inviolabilidad de la vida humana puede llevarnos a situaciones extremas y éticamente insostenibles, en las que se pide fidelidad a una existencia física meramente biológica.[1] Tomemos a modo de ejemplo una circunstancia ya discutida en otras páginas: la implementación de procedimientos cruentos con intenciones curativas en personas agonizantes. A simple vista la expectativa de beneficio involucrada parece baja, pueden presentarse múltiples efectos indeseados al someter al paciente a una intervención y, además, para llevar adelante la tarea se requerirán con seguridad esfuerzos financieros y técnicos de cierta envergadura. En tal caso la vocación por presrvar la vida biológica lesiona las aspiraciones del enfermo a un tratamiento justo y conmiserativo, acorde con su estado patológico.

   Situaciones paradigmáticas como la comentada no escaparon a la atención de los estudiosos que, a la luz de tan pobres resultados, buscaron la manera de introducir en sus análisis un correctivo de cuño consecuencialista. En otras palabras, al aceptar abiertamente que existen excepciones debidamente justificadas en donde la aplicación radical del principio de inviolabilidad de la vida lesiona más que beneficia los intereses del propio paciente, se empeñaron en matizar el mandato con razonamientos éticos de otra índole. Cualquier acción terapéutica ha de mantener la proporcionalidad entre los buenos y los malos efectos que ocasiona. Este solo axioma ya rebaja el nivel de obligatoriedad del criterio deontológico estudiado y lo fuerza a ponderar las consecuencias de la acción por emprender.

   Las apelaciones a la calidad de vida que desde los ‘60 invadieron el discurso ético-médico responden a esa nueva forma de razonar. En este caso, la argumentación ya no se apoyó en principios universales e inamovibles (deontológicos) sino que se enfrentó a un conjunto de hechos o acciones determinado para contrastarlos con las consecuencias que se derivarían de ellos y así valorar su corrección o incorrección. Puede objetarse que, en este sentido, los profesionales médicos siempre han hecho juicios teleológicos de calidad de vida por cuanto siempre han tomado decisiones clínicas y evaluado el resultado de sus intervenciones. Sin embargo recién en las últimas décadas este proceso se ha tornado consciente, ganando en transparencia y racionalidad.

   Aún conociendo los avatares históricos por los que ha atravesado la noción de calidad, no resulta claro a qué se pretende aludir cuando se la utiliza. Sabemos que durante el primer tercio de este siglo los métodos de control de calidad comenzaron a implementarse en los sectores industriales para evacuar las bondades de los productos manufacturados. Luego, diversos economistas intentaron trasladar una mediación valorativa semejante a las ciencias humanas. Ellos sospecharon la existencia de una relación estrecha entre el crecimiento económico y la calidad de vida de un pueblo, homologando así los niveles de consumo constante, crecimiento continuado y bienestar. El neocapitalismo encontró de esta manera una forma para evaluar la vida humana en función de sus perfiles meramente cuantitativos. Ahora bien, habida cuenta de que ese crecimiento y ese consumo no podrían engrosarse cuantitativamente en forma ilimitada, se recurrió a la noción de calidad para definir al bienestar. La índole o el carácter de una vida humana, su naturaleza o atributos, ganaron así más importancia que su prolongación indefinida en el tiempo y su posibilidad de acumulación.[2]

   El término calidad no guarda un sentido unívoco, pues resulta a la vez una noción moral articulable dentro de un juicio normativo (la areté de los griegos) y un criterio técnico, que los sectores industriales exportaron a otros campos del conocimiento sin tomar las debidas precauciones. Tampoco resulta sencillo reconocer de inmediato cada vez que se la invoca si se está prestando atención a un conjunto de causas prioritarias y determinantes que hacen referencia a un individuo particular (es decir, si se está defendiendo la libertad arbitraria y caprichosa de éste), o bien si la referencia involucra al mayor número de individuos dentro de una sociedad dada. En otros términos: la confusión de los niveles discursivos individuales y colectivos parece constituir una regla inquebrantable cuando se recurre a la fórmula “calidad de vida”.[3]   Comprendiendo las dificultades que encierra la noción de calidad de vida algunos estudiosos intentaron identificar indicadores precisos que la adjetivaran, para permitir así su medición objetiva. Para ello confeccionaron tablas prestando atención a varios índices: ausencia de dolor físico, sueño, alimentación, comunicación con terceros, sufrimiento moral, capacidad de trabajo, independencia para realizar actos en la vida cotidiana, y toda suerte de elementos que hacen al bienestar físico, psíquico, familiar  y social de una persona enferma. Sin embargo la sola  lectura de estos repertorios nos anonadaría, pues algunos investigadores convocaron allí exclusivamente a los componentes basales de la existencia orgánica (funciones orgánicas básicas), mientras que otros otorgaron cabida en ellos a las más altas aspiraciones del espíritu humano (satisfacción cultural, desarrollo económico, estabilidad política, etc.). La experiencia nos asegura, a pesar de ello, que los murientes son muy modestos en sus pretensiones y que están incluso dispuestos a reducirlas y a renunciar a muchas de ellas a medida que la enfermedad avanza.[4]

   Los emprendimientos de Richard McCormick y de Joseph Fletcher se destacan en estas materias por encima de los otros. El padre McCormick ha sostenido que si bien todas las personas tienen igual valor no ocurre lo mismo con todas las vidas, siendo este concepto anterior e inferior jerárquicamente al de persona. Esta, por su parte, cuenta con un “potencial psicológico y humano que supone unas mínimas capacidades para el establecimiento de relaciones afectivas e intelectuales con los demás”.[5] Si este minimum relacional no se cumple, la vida humana pierde toda calidad, razón que justificaría moralmente que los enfermos en estadio terminal dejaran de recibir insumos médicos en circunstancias límite. Tal desigualdad en el tratamiento -si comparamos esta situación con la de otros enfermos crónicos o en la faz aguda de su dolencia- no surge de motivos discriminatorios o injustos, sino que deviene naturalmente de aceptar que todas las vidas biológicas tienen una calidad distinta.

   Joseph Fletcher ha ensayado una vía similar de acercamiento al problema. En dos artículos -convertidos hoy en referencia obligada de la literatura bioética mundial-[6] caracterizó aquellos criterios mínimos (minimal criteria) y aquellos óptimos (optimal criteria) que convierten a los individuos en personas humanas plenas, haciendo especial referencia a los niños recién nacidos. Lo cierto es que cuando una criatura no alcanza a cumplir con una parte substancial de los criterios mínimos fijados por Fletcher -sea por defectos de nacimiento o como resultado de una enfermedad devastadora- su categoría de humana se disuelve (en caso de que la haya alguna vez adquirido) y su vida pierde todo sentido, ya que no le produciría jamás una cuota significativa de bienestar personal (calidad de vida). Así como los criterios mínimos refieren a cualidades distintivas propias del ser humano (y por ello su sola presencia obliga al cuerpo profesional a salvar una vida que se halla en peligro y a ensayar acciones positivas para su sostén), los criterios óptimos hacen las veces de cualidades accesorias que matizan esa obligación, subrayándola o disminuyéndola. Una vida con las funciones neocorticales, la inteligencia, el autocontrol, la capacidad de comunicación, las interacciones sociales y morales disminuidas o desaparecidas convierten a ese ser en un objeto subhumano y lo condenan por lo tanto a una supervivencia meramente biológica privada por completo de calidad, o con una calidad lo suficientemente baja como para que el equipo de cuidados desestime su preservación sin que medien objeciones de carácter ético.

   Fletcher, como buen consecuencialista, cree en la posibilidad de medir el bienestar o, lo que es igual, la calidad de vida (entendida como el mayor bien -felicidad- para el mayor número de personas involucradas en la situación), recurriendo al cálculo utilitario. Esta operación sin embargo está obligada a atomizar cada uno de los elementos que conforman la vida humana como un todo para poder someterlos a una valoración extrínseca, determinada por individuos que no son el propio interesado (v.gr., la familia, los amigos, el equipo médico, la institución o el Estado). Por otra parte la cuestión termina de complejizarse cuando se comprende que la noción de calidad de vida, presentada inicialmente por este autor como ingrediente auxiliar y valorativo del juicio médico para la toma de decisiones, alcanza carácter de norma absoluta que por sí sola fija requisitos mínimos de humanidad y sienta las bases sobre las cuales continuar o discontinuar tratamientos.

   Otros eticistas adoptaron un camino diferente y precisaron el concepto de calidad de vida haciéndolo jugar con el mayor interés del paciente.[7] Ellos entendieron que cada individuo busca obtener para su vida una calidad adecuada, ya que esto le permitirá conseguir luego otros preciados bienes: trabajo, relaciones sociales, serenidad espiritual, etc. Su reclamo a los equipos médicos para alcanzar ese nivel satisfactorio deseado cuando su salud se deteriora es desde este punto de vista lícito y existirá una obligación profesional-estatal de proveerlo -derivada de los principios éticos de sociabilidad y subsidiariedad. Queda claro sin embargo que la calidad de vida pretendida por el afectado puede verse opacada por causas de índole estrictamente personal (edad, estado patológico, nivel cultural, etc.) y otras limitaciones involuntarias y externas tales como el grado de desarrollo alcanzado por el país, el equipamiento médico disponible en la región o la pericia de los profesionales que lo atienden. Con todo cuando se alude al  “máximo interés” lo que se pretende establecer en virtud de la autonomía -si se trata de un enfermo capaz y competente- o en virtud de la beneficencia -si se trata de un incapaz e incompetente- la senda terapéutica que le ofrecería mayores posibilidades vitales al paciente,[8] primando en cualquier caso su voluntad personal delegada sobre toda otra consideración exterior.

   Vemos entonces que la noción de calidad de vida, permite ejecutar variaciones notables en su interpretación, según se resalte el potencial de relación, los indicadores de humanidad o el estandard de los mejores intereses. Las características que definen a estas aproximaciones no permiten superponerlas y llegar a unacaracterización más precisa de la fórmula en estudio sino que, por el contrario, terminan por contradecirse. Así mientras que la propuesta por McCormick no obliga a interrumpir los tratamientos médicos en personas con mínimo o nulo potencial de relación, los partidarios del mayor interés y de Fletchar sí lo hacen; y en tanto este último y McCormick dan cabida en sus análisis a los intereses de terceras personas involucradas, los otros centran por completo en el enfermo las tomas de decisiones médicas, excluyendo de plano cualquier ingerencia de sus allegados o de la sociedad.

   ¿Cómo entender estas divergencias?. Pues debemos volver para ello al principio de nuestra exposición y reconocer que si bien tradicionalmente los criterios deontológicos y consecuencialistas se han presentado como opciones excluyentes, no lo son tanto. Muestran por el contrario una complementariedad significativa ya que los razonamientos éticos de corte deontológico están preocupados por calificar sus mandatos, así como los adalides de la calidad no tienen más opción que precisar su criterio y preocuparse por elegir el camino que consideran adecuado para cada caso concreto, repasando distintas aproximaciones al fenómeno vital y haciendo jugar los intereses privados con los societarios.

   Lo cierto es que los grandes marcos que nos ofrecen los criterios de inviolabilidad y de calidad de vida no pueden funcionar independientemente de los medios terapéuticos a ser implementados para preservarla, sean éstos ordinarios o extraordinarios. Este hecho nos obliga a dar un rodeo y detenernos un momento para considerar esta terminología. La distinción mencionada, cuyo origen se remonta a los moralistas del siglo XVI,[9] guarda estrecha relación con la carga que un tratamiento puede suponer para un paciente, y presta particular atención a la obligación que cada persona tiene de conservar su vida amenazada. Los profesionales de la salud , en cambio, no utilizan generalmente esta distinción en idéntico sentido: para ellos es ordinario todo procedimiento que el uso ha convertido en algo rutinario o común dentro de la práctica del arte. Esto hace que en ciertas ocasiones un determinado tratamiento pueda a la vez ser considerado extraordinario desde una óptica moral y ordinario desde un punto de vista estrictamente biomédico, ya que la primera afirmación establece un vínculo de extraordinariedad respecto de la carga excesivamente pesada que el paciente deberá soportar y la segunda vincula al tratamiento con respecto a una práctica disciplinaria en un momento dado de su evolución. Ello significa que no por usuales los artificios médicos se tornan de aceptación forzosa para cualquier paciente,[10] pues la obligación positiva de mantenerse vivo que cada persona puede experimentar encuentra en cierto momento un límite de naturaleza moral ya que no necesariamente técnica. En tal caso será el propio enfermo -responsable último de su vida, de su cuerpo y de su bienestar- quien evalúe la carga a soportar y decida en consecuencia sobre el uso de tales procedimientos sofisticados.

   Algunos autores han tratado de establecer los criterios que permitan dictaminar con justeza la ordinariedad y la extraordinariedad de los tratamientos biomédicos.[11] Según ellos ningún procedimiento diagnóstico o terapéutico podría ser considerado ordinario si no aporta una esperanza razonable de beneficio, si su uso resulta extremadamente dificultoso y si su utilización no es habitual. ¿Qué significa en este contexto “esperanza razonable de beneficio y de éxito?”. Pues que el medio a impementar le brindará al enfermo un beneficio duradero y de calidad, que guarde proporción con los riesgos que implica y los gastos que ocasiona. Para usar las palabras de Kelly “...un remedio que incluya una gran dificultad, aunque no imposibilidad moral, es difícilmente obligatorio a menos que la esperanza de éxito sea altamente probable; mientras que un remedio que es fácilmente obtenido y usado parece obligatorio en cuanto a que ofrece una gran posibilidad de éxito”.[12]  

   ¿Qué se pretende señalar con “medios que no son extremadamente dificultosos de utilizar”?. Pues a aquellos medios a los cuales un individuo puede razonablemente recurrir para conservar su vida y su salud sin que dificultades extraordinarias (derivadas de efectos indeseados, del dolor o de los costos elevados, etc.; o bien relativas a sí mismo, como el miedo) se lo impidan. En otros términos: cualquier persona queda moralmente excusada de emplear medios que le acarrean inconvenientes ulteriores de gravedad suma.

   ¿Qué señala, por último, la apelación al “medio común”?. Pues que el medio a utilizar debe ser habitual en la práctica médica de un país con un desarrollo sanitario determinado en una época dada. La obligación de conservar la vida entonces no obliga a las personas a experimentar sobre sí procedimientos raros y excepcionales. Como bien acota el médico y sacerdote chileno Pablo Aguilera la ordinariedad en el uso es asimilable al criterio de beneficio, “puesto que si un medio diagnóstico o terapéutico no proporcionara un claro beneficio no sería usado comunmente; y también al de dificultad, pues si hubiera dificultad en su obtención y/o uso tampoco sería de uso común”.[13]

   La extraordinariedad por el contrario, ha sido caracterizada en base al escaso beneficio real que los procedimientos médicos le proporcionan al enfermo, de acuerdp con su propia óptica. Esto es, los medios extraordinarios pueden producir beneficio pero su duración y calidad son bajos, los efectos colaterales probables, sus riesgos altos, y requieren además esfuerzos financieros y técnicos de consideración. Por lo tanto ninguna persona podría sentirse obligada a ensayar cosas inútiles o de rédito tan escaso que apenas alcanzaran para retrasar muy poco un final seguro.

   En segundo término para precisar la extraordinariedad de un medio se ha echado mano a la imposibilidad de su uso, sea ésta ocasionada por dificultades de índole física (obtención, utilización, etc.) o moral (circunstancias subjetivamente vividas tales como miedo o sensación de peligro extremo). Sobre el particular Kelly escribió que “un medio extraordinario es el que los hombres prudentes considerarían por lo menos moralmente imposible con referencia a la obligación de preservar  la propia vida”.[14] Y aún en otra obra, reclacando la magnitud e importancia de la dificultad excusatoria alegada, agrega que “si el inconveniente involucrado en preservar la vida fuere excesivo (...) entonces ese medio sería llamado extraordinario”.[15]

   A los murientes por tanto no se los puede forzar a conservar su vida por todos los medios posibles, sino tan sólo a través de aquellos medios que se muestren congruentes con el propósito perseguido. Si se establece entonces que de acuerdo con las condiciones físicas, mentales, morales y espirituales de un individuo, el medio diagnóstico o terapéutico a utilizar es ordinario, ese cuidado será obligatorio para ese individuo. Siguiendo la argumentación contraria concluiremos que el conjunto de los medios extraordinarios será para un paciente opcional, en tanto en sus actuales circunstancias no le otorguen una esperanza cierta de beneficio, equilibrada en relación con las cargas eventuales que deberá afrontar.[16] En otras palabras, el cuerpo médico deberá implementar todos los medios que el enfermo está obligado a usar y además también aquellos otros medios opcionales que el paciente o sus allegados razonablemente soliciten o acepten ensayar. El enfermo muriente es siempre el protagonista principal del drama que estudiamos, y le cabe a él autorizar o desechar cuidados para su salud, e inclusive determinar qué calidad de vida le parece aceptable.[17] Las excepciones a este postulado están dadas por los menores de edad, los incapaces -en tal caso asumen el papel sus representantes legítimos- y los enfermos en estado crítico que no estando en condiciones de opinar por obnubilación, inconsciencia, etc., no cuentan con representantes disponibles para la consulta inmediata. En este puñado de situaciones el equipo médico debe presumir una respuesta afirmativa del paciente en favor del resguardo de su vida amenazada, brindándole así una protección máxima.

   Volviendo entonces al tronco de nuestra argumentación principal a partir de unos ejemplos, tenemos que un paciente con enfermedad renal en estadio terminal puede evaluar que un tratamiento de diálisis supone para él en sus últimos días de vida una carga superior al beneficio esperado, y por lo tanto -aunque ese procedimiento pudiera “mejorar” por breve lapso su calidad de vida- lo tildara como extraordinario.

   Otro paciente con cáncer avanzado puede aceptar antibióticos contra infecciones oportunistas a repetición, aún a sabiendas de que su calidad de vida se verá por ello algo deteriorada y estimando que su condición de muriente no torna más difícil o ineficaz ese tratamiento, no es obstáculo para suspenderlo o no administrarlo. Aceptada entonces la carga impuesta con la vista posada sobre la calidad de vida a alcanzar, el citado tratamiento deviene ordinario para este paciente, y por lo tanto él y sus médicos se verán obligados a utilizarlo.

   En las ilustraciones anteriores podemos ver que la estimación de calidad de vida guarda cierta relación con la naturaleza de los tratamientos a implementar, sean éstos ordinarios o extraordinarios. Tradicionalmente así lo han señalado los moralistas, que incluyeron estimaciones de calidad de vida cuando se presentaba la opción de conservar o no la vida.[18] Así, en nuestro primer ejemplo el disconfort y las alteraciones de un modo de vida derivadas del tratamiento médico sugerido podrían convertir a ese curso de acción en opcional y por lo tanto ser para ese paciente un recurso extraordinario.

   Las dificultades para comprender este interjuego surgen cuando algunos teóricos oscurecen el panorama aislando artificialmente al elemento calidad de vida y lo hacen jugar de manera independiente, por encima incluso del valor vida.[19] Estos planteos interpretan que la obligación de preservar la existencia amenazada queda condicionada a un minimun de calidad vital, por debajo del cual la obligación se desvanece y abre paso a las prácticas eutanásicas en cualquiera de sus variantes.[20] Especialmente los estudios de situaciones que involucran a pacientes incapaces y decisiones subrogadas se han hecho dudosos beneficiarios de estas interpretaciones, en las cuales una baja calidad de vida desmerece hasta tal punto la existencia humana que habilita al cuerpo profesional y a los allegados del paciente a retirar toda asistencia. Conviene destacar entonces, para no llamarnos a engaño, que la semejanza de este enfoque con las consideraciones éticas por nosotros planteadas es tan sólo superficial. Independizar la noción de calidad de vida de los medios de tratamiento le permite a aquella alcanzar una jerarquía inusitada y convertirse en un arma peligrosa cuando cae en manos de los señores de la vida y de la muerte.  

 

 


NOTAS:

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*Licenciado en Filosofía. Becario del CONICET. Integrante del Programa Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Comité de Bioética Conjunto de Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil y del Hospital Interzonal General de Agudos (HIEMI-HIGA) de Mar del Plata. Socio Fundador y Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Bioética.

[1] Cfr. Fletcher, J.: Responsabilidad moral, Barcelona, Ariel, 1973, pp. 186-188. Este autor califica a esta postura como “falacia vitalista” pues en su opinión -que en esta oportunidad compartimos- “la carne es un medio y no un fin”. Puede también consultarse con provecho a Frankena, W.: “The Ethics of Respects of Life”, en: Temkin, O., Frankena, W. y Kadish, S.: Respects for Life in Medicine, Philosopy and the Law, Baltimore, John Hopkins University Press, 1977.

[2] Cfr. Cecchetto, S.: Discursos apasionados -Calidad de vida, política y salud-< Fundación Bolsa de Comercio, Mar del Plata, 1992, pp. 9-10; Gracia, D.: “Oncología calidad de vida”, en Quirón, 19 (1), 1988. Para un análisis muy pormenorizado de estas nociones, ver Gracia, D.: Etica de la calidad de vida, Fundación Santa María, Madrid, 1984. Además: Bespali, Y.: “Calidad de vida ¿valor bioético?”, en Relaciones, 142, Montevideo, marzo 1996.

[3] Najam, J. y Levine, S.: “Evaluating the Impact of Medical Care and Thecnologies on the Quality of Life: A Review and Chritique”, en Soc. Sci. Med., 15, 1981.

[4] Consultar por ej. Cassem, N.: “Care of the Dying Person”, en Grollman, E. A. (de.): Concerning Death. A Practical Guide for the Living, Bacon, Boston, 1974; Engel, G. y Morgan, W.: Interviewing the Patient, Saunders, London, 1973; Sebag-Lanoe, R.: Mourir accompagné, Desclée de Brouwer, Paris, 1986; Verspieren, P.: Face a celvi qui meurt, Desclée de Brouwer, Paris, 1984; Vinort, J.: Ensamble face a la mort; accompagnement spirituel, Le Centurion, Paris, 1987.

[5] McCormick, R.: “The Quality of Live. The Sancity of Live”, en  Hastings Cent. Rep. 18 (2) 1988.

[6] Fletcher, J.: “Indicators of Humanhood: A Tentative Profile of Man, en Hastings Cent. Rep. 2 (5), 1972, y “Four Indicatiors of Humanhood: The Inquiry Naturales”, en Hastings Cent. Rep. 4 (6), 1974.

[7] El mejor interés del paciente es la pauta rectora de documentos fundamentales como el de Caplan, A. (coord.): “Imperiled Newborns”, en Hasting Cent. Rep. 17 (5), 1987; o el de la O.N.U:  Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, O.N.U./ARES 4425, 1989, anexo.

[8] Esto no significa que en ciertos casos concretos la mejor opción para el paciente no resida en la denegación de cuidados intensivos o de procedimientos curativos de toda índole.

[9] Mc Cartney, J. J.: “The Development of the Doctrine of Ordinary and Extraordinary Means of Preserving Life in Catholic Moral Theology before the K. Quinlan Casae”, en Linacre Quarterly 47, 1980, pp. 215-224.

[10] Cfr. Connery, J.: “Prolonging Life: The Duty and this Limits”, en Mc Carthy, D. G. y Moraczewsky, A. S.: Moral Responsability in Prolonging Life Decisions, Pope John XXIII Medical Moral Research and Education Center, St. Louis, 1981.

[11] Cronid, D.: “The Moral Law in Regard to the Ordinary and Extraordinary Means of Conserving Life”, en Smith, R. E. (de.): Conserving Human Life, Pope John XXIII Medical Moral Research and Education Center, Braintree, 1989 (el artículo original fue publicado en Roma, en 1958); Pius XII:  Acta Apostólicae Sedis 49, 1957, entre otros.

[12] Kelly, G.: “The Duty of Using Artificial Means of Preserving Life”, en Theological Studies 12, 1950, pp. 214/5.

[13] Aguilera, P.: En la frontera vida/muerte. Problemas bioéticos, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1990, pp. 110/1.

[14] Kelly, G.: ob. cit. en la nota 12, p. 204.

[15] Kelly, G.: Medico-Moral Problems, The Catholic Hospital Ass, St. Louis, 1958, p. 9.

[16] En los últimos años un grupo de autores ha alzado su voz en contra de los conceptos ordinario/extraordinario empleados tradicionalmente por la ética médica. Así Strong, G.: “Can Fluids and Electrolytes Be Extraordinary Treatment?”, en J. Med. Ethics 7, 1981,  ha preferido reemplazarlos por las nociones de “éticamente indicado”y “éticamente no indicado”, y Callahan, D.: “On Feeding the Dying”, en Hasting Cent. Rep. 13 (1), 1983,  por el par “proporcionado/desproporcionado”. Lynn, J. y Childress, J. F.: “Must Patientes always be Giving Food and Water?”, en Hastings Cent. Rep. Hastings Cent. Rep. 13 (5), 1983, yendo aún más lejos en su crítica, niegan de plano la utilidad de la clasificación tradicional, a nuestro juicio porque ponderan equivocadamente el elemento “beneficio”.

[17] No pretendemos sugerir aquí que el protagonista principal sea el único protagonista, porque la estimación de las cargas de un tratamiento médico deben ser analizadas también a la luz de la familia y de la sociedad.

[18] Connery, J.: ob. cit. en la nota 10.

[19] Sirva como ejemplo Maguire, D.:  Death and Choice, Doubleday, Garden City, 1974.

[20] Cfr. Cecchetto, Sergio: “Eutanasia en niños”, en Relaciones 139, Montevideo, diciembre 1995; y “Eutanasia y enfermedad terminal”, en Bioética, cuestiones abiertas, varios autores (Coordinadora: Dolores Loyarte), Eledé, Buenos Aires, 1996, pp. 151 y ss.