Cuestiones jurídicas y bioéticas entorno a la Muerte
Curso dictado por Dra. Teodora ZAMUDIO

Material editado para l@s alumn@s de la U.M.S.A.

 

Ética clínica en la salud de los ancianos

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Teodora Zamudio

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Introducción

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Capacidad jurídica. Atributo de la personalidad.

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Inhabilitación.

 

Introducción

El ciclo vital del ser humano concluye con una etapa que se caracteriza clínicamente con la manifestación de enfermedades que se prolongan de modo tal que a efectos expositivos podemos calificar de crónicas. Sobre muchas de esas enfermedades se ha alcanzado un gran conocimiento en los últimos tiempos dado no sólo el avance de las técnicas de investigación sino por la supervivencia de los propios enfermos gracias a terapéuticas consolidadas, mejor calidad de vida medioambiental, etcétera. Esta prolongación de la vida trae aparejadas cuestiones de índole política, económicas, sociales y culturales, pero las que en el marco de este ensayo interesa desarrollar son la problemática del ejercicio de la autonomía de esos seres humanos que alcanzada una edad avanzada y aquejados de esas enfermedades crónicas presentan no pocas dificultades en el momento de evaluar su capacidad de decisión, su competencia para elegir frente a las múltiples situaciones médicas que se presentan.

Las condiciones en las que el ser humano llega a edades avanzadas son hoy sensiblemente de mejor calidad que la que se lograba mantener en la mayoría de los casos en un pasado reciente. No obstante, la edad avanzada trae aparejada –en muchos casos- una disminución de la capacidad intelectual (a la par que otras de tipo motor, fisiológico, etcétera), una disminución de la competencia para comprender los efectos y alcances de sus actos.

Nunca dejaré de insistir en la diferencia que ha de tenerse en cuenta entre la competencia de un ser humano para comprender y por ende decidir –en ejercicio de su autonomía- lo que considera útil para su proyecto de vida, y la capacidad jurídica de hecho o de derecho que las normas estipulan -por el arbitrio del legislador (muchas veces, decimonónico)- para dar validez y/o eficacia a los efectos de los actos jurídicos. Esa diferenciación no siempre es clara y muchos –no sólo abogados, por cierto- asimilan ambas categorías.

Evidentemente que ambas pueden coincidir e influir una en la otras, los vasos comunicantes existen pero la distinción no es ociosa. La competencia será siempre juzgada en el marco de los hechos y circunstancias particulares  de cada caso, obviamente que aún el esquizofrénico más agudo tendrá competencia para exigir atención médica clínica y escoger así una atención que alivie sus dolor aunque jurídicamente haya sido declarado insano y por tanto incapaz de decidir válida y eficazmente por sí mismo. Igualmente, un anciano afectado por enfermedades tal como lo es el síndrome de Alzaheimer irá perdiendo gradualmente la competencia para decidir un curso de acción por sí mismo, más allá que haya dejado instrucciones más o menos generales de comportamiento médico para extremos más o menos previsibles; no obstante, si no fuera incoada por sus parientes o allegados una acción específica para impedirlo, el enfermo podrá actuar jurídicamente válida y eficazmente.

Capacidad jurídica. Atributo de la personalidad.

La capacidad jurídicamente hablando es un atributo de la persona (ser humano y, también, de existencia ideal), impensable es para el derecho actual la existencia de la personalidad sin ese atributo. No obstante, el mismo puede ser objeto de gradación y por lo tanto de un reconocimiento diferenciado de las consecuencias del actuar. Quede claro que no es la personalidad la que es objeto de gradación (se es o no se es persona, no hay posibilidad de serlo más o menos) sino la capacidad para dar a sus actos fuerza para obligar, para colegir de ellos efectos jurídicamente relevantes. Así debe tenerse en cuenta la distinción entre capacidad de derecho y la de hecho. La primera afecta la posibilidad de ser titular de derechos y la segunda la de ejercerlos. Mientras las restricciones de la primera (que nunca pueden ser absoluta) son impuestas por razones de orden moral; la segunda (que sí puede ser absoluta –insaneable- o relativa –admite excepciones y es sólo invocable por la parte protegida por la restricción-) esta prevista para proteger a quien la ley encuentra disminuido o insuficiente de modo abstracto y genérico.

Régimen de la CAPACIDAD

incapacidad de
derecho

relativa

 

INSANEABLE

incapacidad de
hecho

relativa
art. 55 cc

absoluta
art. 54 CC

SANEABLE

Los casos de incapacidad de derecho están diseminados por todo el ordenamiento jurídico; los casos de incapacidades de hecho lo están en dos artículos: el art. 54 señala los casos de incapacidad absoluta: las persona por nacer, los menores impúberes (nacidos y hasta los catorce años, aunque admite gradación), los dementes y los sordomudos que no saben dar a entender por escrito. Los incapaces relativos son los menores de edad desde los catorce años (admite gradación para ciertos actos). El saneamiento de los actos llevados a cabo por un incapaz está prevista -para el caso de los incapaces de hecho- en el art. 56 CC por la adición de la voluntad del representante legal (aquél a quien el derecho le reconoce el ejercicio de una voluntad supletoria de la del incapaz).

¿Quiénes son considerados dementes?: El art. 141 CC declara incapaces por demencia a “las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes”.

Inhabilitación.

El régimen de la inhabilitación, de semicapacidad, es el medio técnico escogido por el derecho contemporáneo para suplir las deficiencias psíquicas que adolecen ciertas personas médicamente normales (no dementes), cuando esos defectos pueden traducirse en perjuicios patrimoniales para el sujeto y consiguientemente para su familia. También funciona como remedio, en el orden jurídico, de ciertos hábitos viciosos que pueden conducir a la miseria. El fin de la institución es, sobre todo, el amparo de la familia de los deficientes y viciosos.

La inhabilitación constituye la realización ordenada de la idea de asistencia que es especialmente apropiada para los casos en que el sujeto, si bien dotado de discernimiento para la generalidad de sus actos ostenta fallas indudables en algunos aspectos. De allí que sea suficiente someter al inhabilitado al contralor de otra persona sólo en aspectos determinados, especialmente riesgosos para el patrimonio, que “excedan la administración  ordinaria” (cod. civil italiano).

Art. 152 bis, inc. 2°: “... los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto del artículo 141 (demencia) de este Código el juez estime que el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio”

Las personas legitimadas para solicitar la declaración de insania son (art. 144 CC): el cónyuge no divorciado; los parientes del afectado; el Ministerio de Menores; el cónsul (si el afectado fuere extranjero) y cualquier persona del pueblo, cuando el afectado sea furioso, o incomode a sus vecinos. Para la inhabilitación: el cónyuge, ascendientes y descendientes.

Declarada la demencia o inhabilitación, el juez designará un curador, quien puede ser o no pariente del afectado (salvo que el afectado fuese menor de edad). La defensa de los derechos del afectado durante el juicio estará a cargo de un curador provisorio designado por el juez y el Ministerio de Menores. No obstante ante la notoriedad de la afección el juez puede ordenar medidas cautelares.

Los menores de catorce no pueden ser declarados dementes.

La cesación de la incapacidad por demencia tendrá lugar después de un nuevo dictamen médico, por declaración judicial y previa audiencia del Ministerio de Menores.

La representación de los incapaces es extensiva a todos los actos de la vida civil, que no fueran exceptuados en este código (art. 62 CC)

Documento de la Organización Panamericana de la Salud  Salud de las personas de edad —Envejecimiento y salud: un cambio de paradigma*